La representante Katherine Miranda denunció que el Fondo Milagro todavía no tendría manual operativo, manual de contratación ni plan de acción aprobado, pese a que su fiducia cuesta $250 millones al mes. La congresista cuestionó los gastos administrativos y pidió priorizar soluciones para los damnificados por el terremoto.
El funcionamiento del Fondo Milagro quedó bajo cuestionamiento durante un debate de control político en el Congreso. La representante a la Cámara Katherine Miranda denunció que la estructura creada para apoyar la reconstrucción tras el terremoto acumula costos administrativos mientras las víctimas continúan esperando atención y, según lo expuesto por la congresista, el fondo todavía no registra ejecución de recursos.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es el costo de la fiducia: $250 millones mensuales por concepto de comisión, a los que se sumarían los gastos de gerencia, Consejo Directivo y Unidad de Gestión.
Miranda cuestionó que, más de dos meses después de la emergencia, el fondo aún no contara con los instrumentos básicos para operar. Según su intervención, al 16 de octubre no tenía manual operativo, manual de contratación ni plan de acción aprobado.
Una fiducia costosa sin instrumentos básicos para operar
Durante el debate, la representante señaló que el contrato fiduciario se firmó el 5 de octubre y que, para el día 16, el Fondo Milagro apenas comenzaba sus sesiones.
La congresista puso en duda que una estructura con estos costos administrativos pueda justificarse si todavía no dispone de las herramientas necesarias para orientar sus decisiones y ejecutar acciones de reconstrucción.
A la comisión fiduciaria de $250 millones mensuales se suman, según la denuncia, los gastos de las demás instancias administrativas. Sin embargo, la información presentada en el debate no detalla el valor total de esos costos adicionales.
El cuestionamiento central es si la estructura está generando resultados proporcionales a los recursos que consume y si su funcionamiento se está traduciendo en soluciones concretas para la población afectada.
¿Por qué crear otra estructura si ya existen entidades para atender la emergencia?
Miranda también cuestionó la necesidad de mantener una estructura administrativa adicional cuando la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) continúa transfiriendo recursos para atender la emergencia y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) estructura proyectos de reconstrucción financiados con regalías.
Para la representante, la coexistencia de estas entidades y del Fondo Milagro plantea interrogantes sobre la utilidad de duplicar funciones administrativas sin que, según su denuncia, se evidencien avances en la ejecución de los recursos.
La discusión apunta a la coordinación institucional, la eficiencia del gasto público y la necesidad de que los mecanismos creados para atender una emergencia produzcan resultados oportunos para las comunidades afectadas.
Damnificados siguen esperando soluciones
Uno de los aspectos más críticos expuestos por Miranda es la situación de las víctimas. La congresista denunció que algunas personas continúan en carpas, en la calle y sin condiciones adecuadas para alimentarse, mientras los gastos administrativos del fondo siguen generándose.
Durante el debate se mencionó que la emergencia afecta a más de 500.000 personas. En ese contexto, la representante propuso destinar los $250 millones mensuales de la fiducia y los demás gastos administrativos a soluciones directas para los damnificados.
La propuesta busca que los recursos destinados al funcionamiento del fondo se evalúen frente a las necesidades urgentes de quienes esperan apoyo para reconstruir sus vidas.
Miranda exige claridad sobre el presupuesto y las donaciones
La representante también pidió al Gobierno precisar cuánto del Presupuesto General de la Nación se destinará específicamente a la reconstrucción. Además, solicitó aclarar cuándo serán transferidas al Tesoro Nacional las donaciones recaudadas a través de la fundación de la primera dama.
Estos interrogantes se suman al debate sobre el manejo de los recursos destinados a la emergencia y la necesidad de garantizar transparencia sobre su origen, administración y ejecución.
Las denuncias presentadas por Miranda ponen sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿está funcionando la estructura creada para atender a los damnificados con la rapidez y eficacia que exige la emergencia?
La respuesta requiere información verificable sobre los costos totales del fondo, el estado de sus instrumentos operativos, la ejecución presupuestal y los resultados concretos para las comunidades afectadas.
Editor: Maricela Meza | Ágora Digital – 17 de octubre de 2026
