Un proyecto de acto legislativo radicado en el Senado propone transformar el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en la Autoridad Nacional de Estadística, un organismo autónomo e independiente del Gobierno nacional. La iniciativa busca proteger la producción de cifras oficiales frente a posibles interferencias políticas y establecer nuevas reglas para la dirección de la entidad.
La propuesta, presentada por el senador José Macea, plantea cambios en la estructura institucional del DANE y en la forma de elegir a sus directivos. El objetivo, según su autor, es garantizar que las metodologías estadísticas, los resultados y las fechas de publicación no dependan de las decisiones del presidente de turno.
La iniciativa abre una discusión sobre la independencia de las estadísticas públicas y los mecanismos necesarios para asegurar que los datos utilizados para evaluar la economía, el empleo, la pobreza y otras condiciones del país mantengan credibilidad.
Una autoridad estadística independiente del Ejecutivo
Actualmente, el DANE es un departamento administrativo cuya dirección está a cargo de una persona designada por el presidente de la República. El proyecto propone modificar ese esquema mediante la creación de una autoridad con autonomía administrativa, presupuestal, patrimonial y técnica.
Según la exposición de motivos reseñada en la iniciativa, la independencia institucional busca reducir el riesgo de que intereses políticos puedan afectar la elaboración o divulgación de las estadísticas oficiales.
El planteamiento no significa que se haya demostrado una manipulación de las cifras actuales. Se trata de una reforma propuesta para establecer garantías institucionales frente a posibles interferencias y fortalecer la confianza en los datos públicos.
Una junta de tres integrantes y períodos de diez años
Uno de los principales cambios se encuentra en la dirección de la entidad. El proyecto plantea conformar una junta directiva de tres integrantes, elegidos mediante concurso público de méritos y con reconocida competencia en estadística o disciplinas relacionadas.
Los miembros tendrían períodos institucionales de diez años, con renovación escalonada y sin posibilidad de reelección. La propia junta elegiría de entre sus integrantes al director de la nueva autoridad, conforme a las condiciones que establezca la ley.
Este modelo modificaría la relación entre el Ejecutivo y la dirección de la entidad, al reemplazar la designación presidencial directa por un mecanismo de selección basado en méritos y períodos institucionales prolongados.
La reglamentación tendría un papel determinante para establecer los requisitos de selección, las condiciones de independencia y los mecanismos de rendición de cuentas.
Prohibición de intervenir en las estadísticas oficiales
La iniciativa también establece que ninguna autoridad podría impartir instrucciones sobre las metodologías, los resultados o las fechas de publicación de las estadísticas oficiales.
La nueva autoridad tendría a su cargo la coordinación del Sistema Estadístico Nacional, la realización de censos y la producción y difusión de estadísticas oficiales.
Estas funciones son relevantes porque los datos del DANE sirven como referencia para analizar asuntos como la inflación, el mercado laboral, la pobreza y el crecimiento económico. También son utilizados por entidades públicas, investigadores, empresas y ciudadanos para evaluar la situación del país y tomar decisiones.
Una mayor autonomía podría fortalecer la confianza en esas mediciones, siempre que esté acompañada de procedimientos técnicos transparentes, acceso público a los resultados y controles institucionales adecuados.
Informes al Congreso y protección de la información
El proyecto contempla que la nueva autoridad presente cada año un informe público al Congreso sobre el cumplimiento de sus funciones, la calidad y oportunidad de las estadísticas y el funcionamiento del Sistema Estadístico Nacional.
La propuesta también mantiene la reserva de la información individual utilizada con fines estadísticos y la protección de los derechos de sus titulares.
De esta manera, la autonomía planteada no eliminaría la obligación de informar sobre la gestión institucional ni las garantías de confidencialidad de los datos personales.
¿Qué falta para que la reforma avance?
Al tratarse de un proyecto de acto legislativo, la propuesta requiere surtir el trámite constitucional correspondiente antes de convertirse en una reforma vigente. Su radicación no implica que el DANE ya sea independiente ni que sus reglas actuales hayan cambiado.
El debate deberá centrarse tanto en las garantías de autonomía como en la forma de elegir a los directivos, financiar la entidad y asegurar la transparencia de sus decisiones.
La pregunta de fondo es cómo construir una autoridad estadística capaz de producir información confiable, resistir presiones políticas y responder públicamente por su gestión, sin comprometer la independencia técnica que busca proteger la iniciativa.
Editor: Maricela Meza | Ágora Digital – 20 de octubre de 2026 (Fecha actual)
