Gustavo Petro anunció que acudirá a la justicia frente a las acusaciones formuladas por dos exintegrantes de su Gobierno y rechazó las versiones que lo vinculan con presuntas presiones a antiguos jefes paramilitares para que señalaran a dirigentes políticos, entre ellos Abelardo de la Espriella.
En un pronunciamiento público, el mandatario sostuvo que las denunciantes no han presentado ante la Fiscalía pruebas que respalden sus afirmaciones y aseguró que buscará que respondan judicialmente por ellas. También negó haber solicitado a algún exparamilitar que acusara a una persona específica.
Las declaraciones se producen en medio de una controversia política relacionada con las versiones sobre una reunión entre funcionarios del Gobierno y excomandantes paramilitares, en la que supuestamente se habría planteado divulgar señalamientos contra figuras de la oposición.
Petro anuncia acciones penales
“Ni una sola prueba de toda la jauría de infamias desplegadas por dos ex empleadas en mi gobierno ha sido presentada a la Fiscalía”, afirmó Petro.
El mandatario calificó las acusaciones como señalamientos destinados a afectar su imagen pública y manifestó que acudirá a procesos penales para que quienes hicieron las afirmaciones aporten los elementos que las sustenten.
Petro insistió en que corresponde a la justicia establecer la veracidad de las denuncias y determinar si existen responsabilidades. Su pronunciamiento, sin embargo, no constituye por sí mismo una comprobación de que las acusaciones carezcan de fundamento ni permite establecer el estado de eventuales actuaciones judiciales.
¿Qué dijo sobre Abelardo de la Espriella?
Otro de los puntos centrales del mensaje fue la defensa de sus señalamientos contra Abelardo de la Espriella, a quien ha relacionado con el entorno jurídico del paramilitarismo.
Petro aseguró que las afirmaciones que ha realizado sobre el abogado fueron expuestas durante sus debates de control político cuando era congresista y que se basan, según él, en pruebas judiciales y confesiones de antiguos integrantes de grupos paramilitares.
“Jamás pedí a ningún paramilitar que acuse a una persona en particular”, sostuvo.
El mandatario agregó que no necesitaba solicitar a terceros que hicieran esas declaraciones porque, según su versión, ya había expuesto públicamente los elementos en los que sustentaba sus cuestionamientos.
Es importante distinguir entre las afirmaciones del presidente y las responsabilidades que eventualmente puedan establecer las autoridades. Las referencias a confesiones o documentos judiciales deben evaluarse a partir de su contenido, contexto y alcance probatorio, sin convertir automáticamente un señalamiento político en una conclusión judicial.
La controversia por Santa Fe de Ralito
Petro también defendió el proceso de Santa Fe de Ralito, relacionado con la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y respondió a las críticas sobre las condiciones jurídicas ofrecidas a los antiguos integrantes de esas estructuras.
El mandatario sostuvo que el proceso se desarrolló bajo un marco legal y mencionó la importancia de que los beneficios jurídicos estuvieran vinculados al esclarecimiento de la verdad.
Asimismo, defendió los objetivos de justicia restaurativa y garantías de no repetición. Sin embargo, estos principios deben diferenciarse de las acusaciones actuales sobre presuntas solicitudes a exparamilitares para que realizaran señalamientos políticos.
La discusión reciente se originó en versiones que apuntan a una supuesta petición de funcionarios del Gobierno a antiguos comandantes paramilitares para que hablaran públicamente contra Abelardo de la Espriella y otros dirigentes. Petro negó haber impartido instrucciones de ese tipo.
La justicia tendrá que esclarecer las versiones enfrentadas
El caso plantea preguntas sobre el alcance de las reuniones entre funcionarios públicos y antiguos integrantes de grupos armados, la finalidad de los contactos y la existencia de pruebas que permitan establecer qué ocurrió.
Por ahora, el pronunciamiento de Petro recoge su versión de los hechos y su anuncio de acudir a la justicia. Para determinar si hubo presiones indebidas o actuaciones irregulares, será necesario examinar las declaraciones de las personas involucradas y los elementos documentales disponibles.
El punto decisivo será establecer qué pruebas existen, qué hechos pueden corroborarse y si las autoridades competentes abren o avanzan en actuaciones formales para esclarecer las denuncias.
Editor: Fer Bothía | Ágora Digital – 21 de octubre de 2026
