La Misión Carismática Internacional (MCI), fundada por el pastor César Castellanos y su esposa, Claudia Rodríguez de Castellanos, vuelve al centro del debate por los vínculos entre su estructura religiosa y la participación política de figuras cercanas a la congregación. Una investigación de la Revista RAYA, basada en testimonios de antiguos miembros, cuestiona las dinámicas de autoridad, los aportes económicos y las formas de disciplina interna que describen algunos de sus exintegrantes.
El asunto tiene una dimensión política: Sara Castellanos y Carol Borda llegaron al Congreso, mientras Clara Lucía Sandoval ha ocupado cargos de elección popular y funciones administrativas. Las tres han sido relacionadas con el entorno de la MCI y con sectores políticos afines al presidente Abelardo De la Espriella.
La investigación plantea interrogantes sobre cómo una organización religiosa puede convertir su capacidad de convocatoria en influencia electoral y qué límites deben existir para proteger la autonomía de los creyentes y la transparencia de la actividad política.
Una estructura religiosa basada en células y liderazgos
La MCI se fundó en Bogotá en 1983 y desarrolló un modelo de organización por grupos pequeños o células, asociado con la denominada Visión G12. Este sistema establece redes de liderazgo y acompañamiento que permiten a la congregación organizar sus actividades y expandirse a diferentes territorios.
La existencia de una estructura celular no constituye, por sí misma, una prueba de abuso o manipulación. Sin embargo, los testimonios recogidos por RAYA describen experiencias en las que antiguos miembros aseguran haber sentido presiones para cumplir las exigencias de sus líderes, mantener la disciplina interna y aportar económicamente a la iglesia.
Entre las denuncias expuestas aparecen relatos sobre consecuencias espirituales o sociales para quienes cuestionaban las directrices o decidían abandonar la congregación. Estas afirmaciones deben atribuirse a quienes las relatan y contrastarse con otras versiones y evidencias antes de establecer conclusiones generales sobre las prácticas de la organización.
Los diezmos y las denuncias de presión económica
Los aportes económicos forman parte de la vida de numerosas comunidades religiosas. En el caso de la MCI, el debate surge por los testimonios que describen los diezmos no solo como una práctica de fe, sino como una obligación acompañada, presuntamente, de presiones sobre los integrantes.
Según los relatos recogidos en la investigación, algunas personas habrían experimentado sanciones sociales o reproches espirituales cuando no cumplían las expectativas económicas de sus líderes. Otros testimonios describen un entorno en el que cuestionar las decisiones de las autoridades podía generar conflictos o terminar en la salida de la congregación.
La gravedad de estas denuncias exige distinguir entre la práctica religiosa voluntaria, las normas internas de una comunidad y las posibles conductas coercitivas. Los testimonios aportan elementos para examinar esas experiencias, pero no permiten atribuir automáticamente las mismas prácticas a todos los integrantes de la iglesia.
De la congregación al Congreso
La relación entre la MCI y la política colombiana no es nueva. Desde finales del siglo pasado, dirigentes vinculados a la familia Castellanos han participado en elecciones y organizaciones partidistas. La congregación ha sido objeto de investigaciones y análisis sobre la manera en que las redes religiosas pueden traducirse en apoyos electorales.
En el escenario político actual, Sara Castellanos y Carol Borda representan esa conexión entre el entorno religioso y la representación parlamentaria. Clara Lucía Sandoval, por su parte, ha tenido una trayectoria como concejala de Bogotá y funcionaria distrital, además de su relación con la congregación.
La cercanía de estas figuras con el sector político que respalda a Abelardo De la Espriella añade una nueva dimensión a la discusión: la influencia de las redes religiosas en la construcción de alianzas, el respaldo a candidaturas y la participación en las instituciones públicas.
La existencia de esos vínculos no demuestra, por sí sola, que los votos de los feligreses sean controlados ni que las decisiones de los congresistas respondan necesariamente a instrucciones de una autoridad religiosa. Para sostener esas conclusiones sería necesario examinar pruebas específicas sobre las prácticas electorales y las decisiones políticas de cada persona.
Fe, libertad religiosa y transparencia democrática
Las comunidades religiosas tienen derecho a organizarse, expresar sus posiciones y participar en la discusión pública. Ese derecho forma parte de la libertad de conciencia y de asociación. Al mismo tiempo, la actividad política de sus dirigentes puede someterse al escrutinio ciudadano, especialmente cuando participan en elecciones o acceden a cargos estatales.
La cuestión central consiste en determinar cómo se relacionan las jerarquías religiosas con las decisiones electorales, qué mecanismos se utilizan para movilizar apoyos y si existen presiones que comprometan la libertad individual de los creyentes.
Los testimonios recogidos por RAYA ponen esas preguntas sobre la mesa. Para responderlas con rigor, es necesario diferenciar las experiencias personales denunciadas, los vínculos políticos documentados y las conclusiones que puedan establecerse a partir de evidencia verificable.
El debate no se limita a una iglesia ni a una corriente política. También interpela a una democracia en la que las organizaciones religiosas pueden ejercer influencia pública, pero deben estar sujetas al mismo escrutinio ciudadano que cualquier otro actor con capacidad de incidir en las instituciones.
Editor: Maricela Meza | Ágora Digital – 19 de octubre de 2026
