El Ministerio del Trabajo publicó ocho proyectos de decreto que buscan derogar o modificar disposiciones laborales expedidas durante el gobierno de Gustavo Petro. Las propuestas abren una nueva discusión sobre la regulación del trabajo en Colombia y sus posibles efectos para trabajadores, sindicatos, empleadores y personas que prestan servicios a través de plataformas digitales.
Los documentos fueron puestos a consideración de la ciudadanía para recibir comentarios y observaciones hasta el 9 de noviembre de 2026. Por ahora, se trata de proyectos y no de normas definitivas.
La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, sostiene que el propósito es corregir problemas jurídicos y técnicos detectados en las disposiciones vigentes, sin eliminar derechos laborales ni modificar la Ley 2466 de 2025, que contiene la reforma laboral.
¿Por qué se quieren modificar los decretos?
Según la cartera laboral, la revisión identificó disposiciones que podrían exceder las facultades reglamentarias del Gobierno, establecer sanciones por encima de los límites legales o reproducir normas que ya habían sido anuladas por el Consejo de Estado.
El Ministerio también ha señalado problemas relacionados con las atribuciones de los inspectores de trabajo y errores técnicos en algunas disposiciones.
La discusión gira alrededor de los límites de la potestad reglamentaria del Ejecutivo: el Gobierno puede desarrollar las leyes mediante decretos, pero no crear obligaciones, sanciones o facultades que carezcan de respaldo legal.
La pregunta central es cómo corregir esos problemas sin debilitar las herramientas de protección laboral. Mientras el Ministerio defiende los ajustes como una forma de dar mayor seguridad jurídica, sus efectos dependerán del contenido definitivo de las normas y de la manera en que se apliquen.
Tercerización laboral: se propone derogar el Decreto 581
Uno de los proyectos plantea derogar el Decreto 581, relacionado con la tercerización laboral ilegal.
El Ministerio argumenta que esa regulación contemplaba multas que superarían los límites permitidos por la ley y reproducía disposiciones que habían sido anuladas judicialmente.
La propuesta no significa que cualquier forma de tercerización quede autorizada. La cartera ha aclarado que seguirá prohibida la utilización de terceros para cubrir labores permanentes cuando esa práctica configure una forma ilegal de intermediación laboral.
El debate está en cómo delimitar las conductas prohibidas y diferenciarlas de las actividades legítimas de las empresas de servicios temporales. Una regulación más precisa podría reducir interpretaciones contradictorias, pero su aplicación deberá mantener las prohibiciones y sanciones que establezca el marco legal.
Pactos colectivos: otra regulación bajo revisión
Otro de los proyectos busca derogar el Decreto 992 de 2026, relacionado con los pactos colectivos.
Estos acuerdos se celebran entre empleadores y trabajadores no sindicalizados. La regulación expedida durante el gobierno anterior buscaba restringir determinadas prácticas que podían afectar el ejercicio del derecho de asociación sindical.
Con el cambio propuesto, el depósito de los pactos volvería a regirse por las disposiciones correspondientes del Código Sustantivo del Trabajo.
El Ministerio ha precisado que seguirá vigente la prohibición legal de celebrar pactos colectivos cuando el sindicato agrupe a más de la tercera parte de los trabajadores de la empresa.
La discusión enfrenta dos preocupaciones: garantizar que los trabajadores puedan organizarse libremente y evitar que los pactos se utilicen para debilitar la negociación sindical.
Inspectores de trabajo: cambios en sus facultades
El paquete también contempla reemplazar la regulación del Decreto 720, que definió facultades para los inspectores de trabajo.
La ministra Natalia López ha señalado que la norma anterior otorgaba atribuciones que podían aproximarse a funciones judiciales, lo que había generado cuestionamientos y demandas.
La nueva propuesta busca establecer reglas para que los inspectores puedan actuar ante situaciones de riesgo, pero con límites claros. Según el planteamiento del Ministerio, las medidas deberán estar justificadas, ser temporales, admitir revisión y contar con los recursos previstos por la ley.
El resultado de este ajuste será relevante para determinar cómo podrán intervenir las autoridades laborales ante situaciones que comprometan las condiciones de trabajo y la protección de los empleados.
Repartidores de Rappi y DiDi: cambios en los aportes a seguridad social
Otro de los proyectos revisa el Decreto 991, relacionado con la seguridad social integral de los trabajadores independientes y autónomos que prestan servicios de reparto mediante plataformas digitales.
La propuesta contempla calcular los aportes sobre el 40 % de los ingresos reales del repartidor, en lugar de utilizar como base un salario mínimo que algunos trabajadores no alcanzan a recibir.
El asunto es especialmente relevante para quienes obtienen ingresos variables mediante aplicaciones. La forma de calcular los aportes puede incidir tanto en el costo de cotizar como en las condiciones de acceso a la seguridad social.
La reglamentación definitiva deberá precisar cómo se aplicará el mecanismo y cuáles serán las obligaciones correspondientes para las personas que trabajan mediante estas plataformas.
Acoso laboral, violencia y discriminación
El Ministerio también propone reorganizar aspectos del Decreto 1040, que abordó la prevención, atención y sanción del acoso laboral, la violencia y la discriminación.
De acuerdo con la información divulgada sobre el proyecto, se mantendrían las medidas de prevención y atención a las víctimas, incluida una protección especial de seis meses frente al acoso sexual. La atención psicológica quedaría a cargo de las administradoras de riesgos laborales (ARL).
El borrador también retiraría determinadas presunciones y reglas probatorias que, según el Ministerio, solo pueden establecerse mediante una ley.
El alcance de estos cambios deberá examinarse con cuidado para establecer cómo afectarán los procedimientos de denuncia, la atención a las víctimas y la posibilidad de demostrar conductas de acoso o discriminación.
Trabajo doméstico: revisión de las inspecciones en viviendas
Otro de los asuntos bajo revisión es el trabajo doméstico, regulado en parte por el Decreto 993 expedido durante el gobierno anterior.
Entre las disposiciones cuestionadas estaba la posibilidad de realizar inspecciones en viviendas sin previo aviso. La nueva propuesta busca modificar ese mecanismo y plantea que el seguimiento se desarrolle en el marco de la Mesa del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El tema implica conciliar dos aspectos: la protección de las personas que trabajan en el servicio doméstico y el respeto por la intimidad del hogar. La regulación definitiva deberá precisar cómo se vigilará el cumplimiento de las obligaciones laborales sin desconocer los límites legales aplicables a las inspecciones.
Periodistas y comunicadores: ajustes a la reglamentación
El paquete también incluye una propuesta relacionada con el Decreto 660, sobre periodistas y comunicadores, con el propósito de adecuar su reglamentación a la Ley 2466 de 2025.
Este ajuste forma parte de la revisión general con la que el Ministerio busca que las disposiciones reglamentarias se mantengan dentro de los límites establecidos por la legislación vigente.
¿Qué pasará con los ocho proyectos?
Los borradores permanecerán abiertos a comentarios ciudadanos hasta el 9 de noviembre de 2026. Durante ese periodo, trabajadores, empleadores, organizaciones sindicales y otros interesados podrán presentar observaciones y propuestas.
Solo después del proceso de revisión se podrá conocer el contenido definitivo de las decisiones del Ministerio y establecer con mayor precisión qué disposiciones serán derogadas, cuáles serán modificadas y qué reglas las reemplazarán.
Por ahora, la Ley 2466 de 2025 continúa vigente. Por eso, no es correcto afirmar que la reforma laboral haya sido derogada: lo que está en discusión es la modificación de varios decretos que desarrollan aspectos específicos de la regulación laboral.
El debate de fondo será determinar si los cambios corrigen problemas jurídicos y técnicos sin reducir las garantías de los trabajadores. La respuesta dependerá de las normas definitivas y de sus efectos concretos sobre las relaciones laborales en Colombia.
Editor: Fer Bothía | Ágora Digital – 17 oct 2026
