Colombia vuelve a ser escenario de movilizaciones sociales en las que sindicatos, estudiantes, docentes y colectivos ciudadanos ejercen su derecho constitucional a la protesta pacífica. Sin embargo, el despliegue anticipado de vehículos blindados y unidades antidisturbios plantea una pregunta de fondo: ¿cómo garantizar la seguridad sin transmitir la idea de que quienes salen a las calles representan una amenaza?
Desde las primeras horas de la jornada, la presencia de dispositivos de intervención en distintos puntos urbanos puede marcar el ambiente previo a las manifestaciones. La preparación de las autoridades es necesaria para atender eventuales situaciones de riesgo, pero la forma en que se organiza y comunica también influye en la percepción ciudadana.
La seguridad no debería construirse sobre la presunción de que la protesta terminará en violencia.
Cuando la fuerza precede al diálogo
El despliegue de vehículos blindados y unidades antidisturbios antes de que comiencen las marchas puede transmitir un mensaje de confrontación, especialmente cuando no está acompañado de una comunicación institucional clara y de mecanismos visibles de diálogo con los organizadores.
La presencia policial, por sí sola, no demuestra una intención de criminalizar la protesta. Las autoridades tienen la responsabilidad de prevenir hechos violentos, proteger a la población y garantizar el orden público. Sin embargo, también deben actuar con proporcionalidad y evitar que la preparación para enfrentar posibles alteraciones termine proyectando una imagen de amenaza sobre toda la ciudadanía movilizada.
Una manifestación pacífica no puede tratarse como si fuera equivalente a un acto de violencia. Las conductas individuales deben evaluarse de manera diferenciada, sin estigmatizar al conjunto de los participantes.
La prevención no puede reemplazar la escucha
Una política de seguridad democrática requiere mucho más que vehículos, uniformados y equipos antidisturbios. También necesita diálogo social, gestores de convivencia, coordinación con los organizadores y canales efectivos para atender las preocupaciones de quienes se manifiestan.
Cuando el componente coercitivo ocupa el centro de la respuesta institucional y el diálogo queda relegado, aumenta el riesgo de que la ciudadanía perciba la movilización como un problema que debe contenerse, en lugar de reconocerla como una forma legítima de participación democrática.
El Estado debe estar preparado para responder ante situaciones de violencia, pero esa preparación no debería convertirse en una señal anticipada de hostilidad hacia quienes ejercen pacíficamente sus derechos.
El derecho a protestar también exige garantías
La Constitución colombiana protege el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Esa garantía debe armonizarse con la protección de la vida, la integridad de las personas, la movilidad y los demás derechos ciudadanos.
Las autoridades tienen el deber de preservar la seguridad, pero también de asegurar que sus actuaciones respeten los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. De igual manera, los participantes en las movilizaciones deben respetar los derechos de terceros.
El verdadero desafío democrático no consiste en demostrar cuántos efectivos o vehículos pueden desplegarse antes de una marcha. Consiste en garantizar que las manifestaciones puedan desarrollarse con seguridad, que los ciudadanos sean escuchados y que cualquier intervención estatal responda a riesgos concretos, sin generalizaciones ni estigmatizaciones.
Presumir que la ciudadanía movilizada representa una amenaza antes de escuchar sus reivindicaciones puede deteriorar la confianza entre las instituciones y la sociedad. La prevención de la violencia debe ir acompañada de garantías para la protesta pacífica, porque el orden público y la libertad de expresión no son objetivos incompatibles.
Editor: Fer Bothía | Ágora Digital – 14 oct 2026
