La defensa del expresidente anunció que pedirá formalmente que sea escuchado dentro de las actuaciones relacionadas con las reuniones entre delegados de su Gobierno y antiguos jefes paramilitares. La Fiscalía ya remitió el asunto a la Comisión de Investigación y Acusación, mientras crecen las exigencias para esclarecer el alcance de los encuentros.
La defensa de Petro prepara una solicitud formal
El expresidente Gustavo Petro solicitará rendir declaración ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por los señalamientos relacionados con el denominado “Pacto de Valledupar”.
El anuncio fue realizado por su abogado, Alejandro Carranza, quien indicó que la petición sería radicada este miércoles. Según explicó, en los próximos días también se presentará una declaración por medio de un investigador judicial.
La solicitud busca que el exmandatario tenga la oportunidad de entregar su versión en el marco de las actuaciones relacionadas con el caso. Su comparecencia, sin embargo, no resuelve por sí sola las preguntas pendientes ni reemplaza la labor de las autoridades encargadas de establecer qué ocurrió.
Carranza también pidió que la Comisión de Acusación y la Fiscalía General de la Nación avancen en las actuaciones correspondientes. El abogado cuestionó lo que considera diferencias en la celeridad institucional frente a distintos asuntos políticos y judiciales.
Qué se investiga en el llamado “Pacto de Valledupar”
La controversia está relacionada con reuniones realizadas en octubre de 2025 en Valledupar, Cesar, entre delegados del entonces Gobierno de Gustavo Petro y antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Los señalamientos conocidos públicamente apuntan a que esos encuentros habrían buscado promover declaraciones contra dirigentes políticos, entre ellos Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras, en el contexto previo a las elecciones presidenciales de 2026.
Entre quienes han formulado versiones sobre lo sucedido se encuentran la exjefa de gabinete Angie Rodríguez y el abogado Juan Carlos Villamizar, representante del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Mancuso también se ha pronunciado públicamente sobre los encuentros.
Las afirmaciones hacen parte de una controversia que requiere verificación. Para establecer responsabilidades será necesario determinar quién organizó las reuniones, qué instrucciones se impartieron, cuál era su propósito y si existieron presiones o intentos de orientar declaraciones con fines políticos.
Los señalamientos no equivalen a una determinación judicial de culpabilidad. La investigación debe establecer qué hechos pueden acreditarse y qué responsabilidad, si alguna, corresponde a cada persona involucrada.
La Fiscalía ya remitió el caso a la Comisión de Acusación
El anuncio de la defensa se produce después de que la Fiscalía General de la Nación informara que abrió una noticia criminal relacionada con el caso el 31 de agosto de 2026 y remitió copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
El traslado responde a las competencias institucionales aplicables a la investigación de hechos que podrían involucrar a quien ejerció la Presidencia de la República. La Comisión deberá examinar el asunto dentro de sus atribuciones.
La remisión del expediente no constituye una condena ni demuestra por sí misma la responsabilidad del expresidente. Es parte del trámite institucional mediante el cual se busca determinar si existen elementos que ameriten actuaciones adicionales.
El caso también ha provocado solicitudes públicas para que se investigue el propósito de las reuniones y se establezca si se utilizaron espacios institucionales para fines distintos de los oficialmente declarados.
El Gobierno también pide esclarecer los encuentros
El ministro de Justicia, Iván Cancino, solicitó a la Fiscalía examinar las reuniones entre antiguos funcionarios del Gobierno Petro y exjefes paramilitares. La petición plantea la necesidad de aclarar quiénes participaron, quién convocó los encuentros y cuáles fueron sus objetivos.
También se ha pedido establecer si existieron instrucciones, presiones o promesas de beneficios relacionadas con las declaraciones que supuestamente se buscaban obtener.
Este componente amplía el debate más allá de las diferencias entre sectores políticos. Si las reuniones estuvieron vinculadas a actividades institucionales, resulta fundamental esclarecer cuál fue su finalidad y si se respetaron los límites legales correspondientes.
Al mismo tiempo, las denuncias deben ser contrastadas con pruebas y versiones de las personas involucradas. La gravedad de una acusación justifica que se investigue, pero no permite darla por demostrada antes de que las autoridades concluyan sus actuaciones.
Carranza cuestiona la celeridad de las instituciones
Durante su intervención, Alejandro Carranza cuestionó lo que considera un trato desigual en la velocidad con la que avanzan distintos procesos políticos y judiciales.
El abogado mencionó las actuaciones relacionadas con Álvaro Leyva y el caso Ecosalud, y pidió que las autoridades no apliquen criterios diferentes según las personas involucradas.
También se refirió a los ataques e insultos que, según afirmó, ha recibido la familia del expresidente. Sus declaraciones forman parte de la postura de la defensa frente al ambiente de confrontación política que rodea el caso.
La comparación entre expedientes exige examinar sus circunstancias particulares, competencias, pruebas y etapas procesales. No obstante, la exigencia de que las instituciones actúen con independencia, transparencia y criterios consistentes es esencial para la confianza pública.
La justicia debe evitar tanto la inacción injustificada como las actuaciones impulsadas por presiones políticas. La oportunidad de una investigación no debe depender de la cercanía o distancia de los investigados frente al Gobierno de turno.
Las preguntas que todavía deben responderse
La solicitud para que Petro rinda declaración abre una nueva etapa en la discusión pública del caso, pero el esclarecimiento depende de cuestiones concretas que todavía deben ser examinadas.
Entre ellas están la identidad y participación de todas las personas presentes, el propósito de las reuniones, las instrucciones que pudieron impartirse y la existencia de evidencia que respalde o contradiga los testimonios conocidos.
También será necesario determinar si hubo ofrecimientos, presiones o compromisos y, de ser así, quiénes participaron y con qué finalidad. Las respuestas deberán apoyarse en documentos, testimonios contrastados y demás elementos probatorios que puedan incorporarse legalmente a las actuaciones.
La declaración solicitada por la defensa podría contribuir a conocer la versión del expresidente. Su valor deberá evaluarse junto con los demás elementos del expediente, sin anticipar conclusiones.
Una investigación que debe estar por encima de la disputa política
El denominado “Pacto de Valledupar” se ha convertido en un nuevo foco de confrontación entre sectores políticos. Sin embargo, el esclarecimiento de los hechos no puede depender de la conveniencia de una u otra parte.
Si hubo utilización indebida de espacios institucionales o intentos de orientar declaraciones contra adversarios políticos, las autoridades deberán establecerlo y determinar las responsabilidades correspondientes. Si los señalamientos no se sostienen con pruebas suficientes, esa conclusión también deberá respetarse.
La solicitud de Petro para rendir declaración representa un nuevo movimiento en el proceso. El desafío para las instituciones consiste en avanzar con independencia, examinar las versiones de todas las partes y ofrecer resultados sustentados en evidencia.
En un escenario de polarización, la transparencia procesal y el respeto por la presunción de inocencia son indispensables. La ciudadanía necesita respuestas verificables sobre lo ocurrido en Valledupar, no únicamente nuevas declaraciones cruzadas entre dirigentes, abogados y funcionarios.
Editor: Maricela Meza | Ágora Digital – 21 de octubre de 2026
