Francisco Barbosa volvió a la carga contra el legado cultural del gobierno de Gustavo Petro. El exfiscal general respaldó el retiro de más de 30 piezas del Museo Nacional y acusó a la administración anterior de distorsionar la historia colombiana. Sin embargo, sus declaraciones también reabren el debate sobre su propia trayectoria, marcada por cuestionamientos a su independencia, su protagonismo político y decisiones tomadas durante su paso por la Fiscalía.
Barbosa calificó como una “vergüenza” la orientación que, según él, había adquirido el museo y respaldó la intervención del Gobierno actual. Su argumento es que las exposiciones habrían construido una narrativa favorable a determinadas figuras y movimientos, dejando por fuera episodios importantes de la historia nacional.
Pero la discusión no se limita a quién tiene razón sobre las piezas retiradas. También pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto los dirigentes que acusan a sus adversarios de manipular la historia están dispuestos a aceptar una revisión crítica de sus propias actuaciones?
Un fiscal cercano a Iván Duque y cuestionado por su independencia
Barbosa llegó a la Fiscalía General de la Nación en febrero de 2020, después de ser postulado por el entonces presidente Iván Duque, con quien mantenía una estrecha amistad desde sus años universitarios.
Esa cercanía generó cuestionamientos desde el comienzo sobre la independencia que debía mantener el jefe del organismo investigador frente al Gobierno. Las críticas se intensificaron durante su periodo, especialmente por sus enfrentamientos públicos con Petro, entonces presidente, y por la forma en que la Fiscalía manejó investigaciones de alto impacto político.
Al terminar su mandato, en febrero de 2024, su gestión seguía siendo objeto de controversia. Entre los asuntos discutidos estaban el manejo de procesos relacionados con el expresidente Álvaro Uribe, las investigaciones sobre la financiación de campañas políticas y la judicialización de personas durante el estallido social.
Estas críticas no equivalen, por sí mismas, a una declaración judicial de responsabilidad penal. Sí forman parte del balance público de una gestión en la que la independencia institucional y el papel político del fiscal fueron asuntos centrales.
El viaje a San Andrés durante la cuarentena
Uno de los episodios más recordados de la gestión de Barbosa ocurrió en junio de 2020, durante las restricciones por la pandemia de COVID-19.
El fiscal viajó a San Andrés en un desplazamiento que presentó como una comisión oficial. Lo acompañaron familiares, entre ellos su esposa y su hija, y el caso provocó críticas porque el país atravesaba un periodo de fuertes restricciones a la movilidad.
La polémica creció cuando se cuestionó la justificación del viaje y la presencia de sus acompañantes. La situación generó una investigación en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que finalmente fue archivada en marzo de 2021 al no encontrar méritos para continuar el proceso.
Por tanto, no sería correcto presentar el episodio como un delito probado. Pero el escándalo sí dejó una controversia pública sobre el comportamiento de un funcionario que, desde la cabeza de la Fiscalía, debía defender el cumplimiento de la ley.
Las críticas a su gestión y los procesos pendientes
La gestión de Barbosa también fue cuestionada por la forma en que la Fiscalía priorizó investigaciones y por el tratamiento de casos políticamente sensibles.
Entre los debates más intensos estuvieron las actuaciones relacionadas con Álvaro Uribe, las investigaciones sobre presunta financiación irregular de campañas y los procesos derivados del estallido social. Críticos de su administración cuestionaron lo que consideraban un trato desigual frente a distintos sectores políticos y frente a las denuncias sobre abusos de la fuerza pública.
Estas valoraciones forman parte de una discusión pública sobre la gestión del exfiscal y deben distinguirse de hechos judicialmente demostrados. El punto relevante es que Barbosa dejó el cargo en medio de una controversia persistente sobre el papel de la Fiscalía y los límites entre la función investigativa y la confrontación política.
Ahora respalda el retiro de piezas del Museo Nacional
En el nuevo capítulo de la disputa, Barbosa apoyó la decisión del Gobierno de retirar más de 30 piezas del Museo Nacional relacionadas con las luchas feministas y LGBTIQ+, las reivindicaciones afrocolombianas, los movimientos sociales y los procesos de paz.
El exfiscal sostiene que la propuesta museográfica anterior habría presentado una visión sesgada de la historia y habría exaltado figuras vinculadas con la criminalidad. El Gobierno, por su parte, ha defendido la revisión bajo el argumento de evitar el adoctrinamiento político y la glorificación de la violencia.
Los críticos del retiro advierten que sacar estas piezas puede excluir memorias de víctimas, movimientos sociales y sectores que también han contribuido a la historia contemporánea de Colombia.
La controversia no se resuelve simplemente calificando una exposición como propaganda o defendiendo todo lo que había en ella. Requiere explicar qué criterios curatoriales justifican el retiro de cada pieza, qué contexto histórico se conserva y cómo se garantiza que el museo no borre experiencias incómodas para el poder político de turno.
¿Quién decide qué historia merece ser contada?
El respaldo de Barbosa convierte el caso en una nueva confrontación política entre sectores enfrentados por la interpretación del pasado colombiano. El exfiscal acusa al gobierno anterior de alterar la historia, mientras sus críticos cuestionan que el Gobierno actual intervenga las exposiciones y retire objetos vinculados con luchas sociales y procesos de paz.
La ironía política es evidente: en nombre de corregir una supuesta distorsión histórica, una administración decide retirar piezas cuya importancia también está en discusión pública.
Barbosa tiene derecho a expresar su opinión sobre el museo, pero sus afirmaciones deben examinarse con el mismo rigor con el que él exige revisar las narrativas de sus adversarios. Su paso por la Fiscalía, su cercanía con Duque y las controversias que marcaron su gestión también hacen parte del contexto necesario para entender su posición.
La pregunta de fondo sigue abierta: ¿la revisión del Museo Nacional busca ampliar la comprensión de la historia colombiana o corre el riesgo de reemplazar una interpretación política por otra?
Editor: Fer Bothía | Ágora Digital – 18 oct 2026
