La relación entre religión y política vuelve al centro de la discusión pública en Colombia por las denuncias sobre el funcionamiento interno de la Misión Carismática Internacional (MCI), una de las congregaciones evangélicas de mayor presencia en el país, y su conexión con figuras que hoy ocupan posiciones de poder.
Fundada en Bogotá en 1983 por los pastores César Castellanos y Claudia Rodríguez de Castellanos, la MCI desarrolló un modelo de crecimiento basado en grupos celulares y liderazgo religioso. Con el paso de los años, la organización también adquirió presencia en la política nacional, mediante la participación electoral de integrantes de la familia Castellanos y de otros líderes vinculados con la congregación.
Una investigación de la Revista RAYA, basada en testimonios de personas que pertenecieron a la iglesia, plantea cuestionamientos sobre las dinámicas de autoridad, las contribuciones económicas y las presuntas presiones ejercidas sobre algunos miembros. Los relatos abren un debate sobre los límites entre la orientación espiritual, la autonomía individual y la construcción de poder político.
Las afirmaciones sobre presunto control, manipulación económica o castigos internos corresponden a testimonios y señalamientos que deben examinarse en su contexto. No deben presentarse como hechos judicialmente probados sin evidencia adicional.
Una estructura religiosa con proyección política
La Misión Carismática Internacional ha construido una estructura de liderazgo que combina reuniones congregacionales, grupos pequeños y formación de nuevos líderes. Este modelo, conocido como la Visión G12, busca multiplicar los grupos de creyentes mediante una red de acompañamiento y discipulado.
Sus críticos sostienen que una organización con una estructura de este tipo puede convertir la confianza espiritual y la influencia de sus líderes en capacidad de movilización política. La discusión no se limita a la MCI: también hace parte de un debate más amplio sobre el papel de las iglesias evangélicas en las elecciones colombianas.
La participación política de personas religiosas es legítima dentro de las reglas democráticas. La controversia aparece cuando surgen preguntas sobre el uso de espacios de culto para promover candidaturas, la autonomía de los votantes y la posible existencia de presiones sobre los integrantes de una congregación.
En el caso de la MCI, su trayectoria política incluye la participación de Claudia Rodríguez de Castellanos en el Congreso y la presencia de otros miembros de la organización en escenarios electorales y de gobierno.
Sara Castellanos, Carol Borda y Clara Lucía Sandoval
La relación entre la congregación y la política tiene expresiones concretas en figuras que han ocupado cargos públicos.
Sara Castellanos, hija de los fundadores de la MCI, llegó al Senado por el partido Salvación Nacional. Carol Borda, también vinculada con la congregación, ocupa una curul en la Cámara de Representantes. Ambas forman parte de un sector político que ha respaldado la agenda conservadora promovida por Abelardo De la Espriella.
Por su parte, Clara Lucía Sandoval, pastora de la MCI y exconcejal de Bogotá, fue designada gerente para Bogotá en el Gobierno de De la Espriella. Su nombramiento evidencia la presencia de personas vinculadas con esta congregación en posiciones de la administración pública.
Estos vínculos son relevantes para comprender cómo se relacionan las redes religiosas con las estructuras partidistas y gubernamentales. Sin embargo, pertenecer a una misma iglesia no demuestra por sí solo que exista subordinación política ni que todas las personas vinculadas actúen bajo órdenes de un único dirigente.
La cuestión que merece escrutinio público es cómo se toman las decisiones políticas, qué mecanismos de participación existen y si las relaciones entre dirigentes religiosos y funcionarios públicos afectan la independencia de las instituciones.
Los testimonios sobre diezmos y disciplina interna
Uno de los puntos más delicados de las denuncias recogidas por RAYA tiene que ver con las contribuciones económicas y las consecuencias que, según antiguos integrantes, podían enfrentar quienes se negaban a cumplir determinadas exigencias o decidían abandonar la congregación.
Los testimonios describen presuntas presiones para entregar diezmos, cuestionamientos a quienes no contribuían y prácticas de disciplina religiosa que algunos exmiembros interpretaron como formas de control. También relatan experiencias de rechazo o estigmatización después de cuestionar a sus líderes o retirarse de la organización.
Estos señalamientos requieren diferenciar entre las contribuciones voluntarias que hacen parte de la práctica religiosa y las eventuales situaciones de coacción o abuso. La existencia de diezmos no constituye por sí misma una irregularidad; el asunto cambia si se demuestra que hubo amenazas, engaño, presión indebida o afectaciones a los derechos de los integrantes.
Para establecer el alcance de las denuncias sería necesario contrastar los testimonios con documentos, comunicaciones, registros y otras evidencias. También resulta importante conocer la respuesta de la organización frente a los señalamientos específicos.
Libertad religiosa y control democrático
La controversia sobre la MCI plantea un interrogante que trasciende a una sola congregación: ¿cómo garantizar que la libertad religiosa conviva con la autonomía personal y la transparencia política?
Las iglesias tienen derecho a organizarse, difundir sus creencias y participar en el debate público. Sus integrantes también tienen derecho a apoyar candidaturas, votar según sus convicciones o abstenerse de hacerlo. Esa libertad pierde sentido si existieran presiones que limitaran la capacidad de decidir de manera autónoma.
Por eso, las denuncias sobre presuntas prácticas de control deben evaluarse con seriedad y sin generalizar sobre los creyentes. La crítica a las estructuras de poder de una organización no equivale a cuestionar la fe de todos sus integrantes.
La presencia de líderes religiosos en cargos públicos también exige atención a los principios de transparencia, rendición de cuentas y separación entre las decisiones institucionales y los intereses particulares.
Una discusión que no se limita a una iglesia
La Misión Carismática Internacional es un caso relevante para analizar el crecimiento de las organizaciones religiosas que combinan comunidades numerosas, liderazgos centralizados y participación política. Su influencia debe examinarse a partir de hechos verificables, actuaciones públicas y testimonios debidamente contextualizados.
Las denuncias de antiguos miembros ponen sobre la mesa preguntas sobre el manejo de las contribuciones, la autoridad interna y la relación entre fe y poder. Al mismo tiempo, cualquier conclusión sobre posibles abusos debe apoyarse en pruebas y distinguir las acusaciones de los hechos establecidos.
El debate de fondo no consiste en negar la participación política de las iglesias, sino en establecer qué garantías protegen la libertad de conciencia, la autonomía de los votantes y la transparencia cuando las redes religiosas se conectan con el poder público.
Editor: Fer Bothía | Ágora Digital – 20 oct 2026
