Las centrales obreras, el magisterio y distintas organizaciones sociales avanzan en la preparación de un paro nacional para noviembre, en medio de las diferencias con el Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella. La iniciativa busca ampliar las movilizaciones que se realizaron el 14 de octubre y aumentar la presión sobre las políticas laborales, educativas y sociales de la administración.
La convocatoria surgió del Encuentro Nacional por la Defensa de la Vida, la Dignidad, la Democracia, la Paz, la Soberanía y las Reformas Sociales, celebrado en Bogotá los días 11 y 12 de septiembre. Según la información divulgada por las organizaciones, participaron más de 1.500 delegados de sindicatos, colectivos campesinos, comunidades étnicas y movimientos sociales y políticos.
Aunque se han mencionado el 11 y el 20 de noviembre como posibles fechas para iniciar el paro, la jornada todavía no tiene una fecha definitiva confirmada. Las organizaciones continúan coordinando sus acciones y preparando la participación de los distintos sectores y regiones.
Educación pública, salud y derechos laborales, entre las exigencias
La agenda de las organizaciones incluye la defensa de la educación pública, la financiación de los servicios estatales, las condiciones laborales de los trabajadores públicos y la atención en salud del magisterio.
También figuran las reclamaciones por el presupuesto destinado a la educación, las escuelas afectadas por el terremoto de agosto y las medidas de austeridad que, según los sindicatos, podrían deteriorar las condiciones de empleo y la prestación de servicios públicos.
A estas demandas se suman preocupaciones relacionadas con el costo de vida, los servicios públicos y las condiciones de las comunidades campesinas e indígenas.
Los convocantes buscan articular las distintas reclamaciones en una jornada nacional que permita visibilizar el descontento y presionar al Ejecutivo para que revise sus decisiones. El alcance real del paro dependerá de la adhesión de los sindicatos, las organizaciones regionales y otros sectores sociales.
El Decreto 1525 elevó la tensión entre el Gobierno y los sindicatos
Otro de los puntos de conflicto es el Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, mediante el cual el Gobierno modificó el protocolo de actuación de las autoridades durante las manifestaciones públicas.
La norma establece niveles de intervención que incluyen gestión preventiva, diálogo directo, mediación, disuasión y, cuando corresponda, el restablecimiento del orden mediante unidades policiales especializadas. El decreto señala que se debe avanzar al siguiente nivel cuando el anterior resulte ineficaz y dejar constancia motivada de esa decisión.
Las centrales obreras han cuestionado la medida porque consideran que algunos de sus cambios pueden ampliar la capacidad de intervención de la fuerza pública y poner en riesgo las garantías para la protesta social. El Gobierno, por su parte, sostiene que el protocolo busca coordinar la actuación de las autoridades, atender situaciones de violencia y bloqueos, y proteger tanto a los manifestantes como a la ciudadanía.
La discusión también involucra el papel de las unidades antidisturbios de la Policía y los límites de su intervención. Por ello, el debate sobre el decreto se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción entre las organizaciones sindicales y la administración nacional.
Las organizaciones preparan la coordinación regional
En las próximas semanas, los convocantes prevén continuar las reuniones y asambleas regionales para organizar los comités de base, coordinar la participación de sus afiliados y definir los detalles de la jornada.
Todavía falta precisar la fecha definitiva, los puntos de concentración y el alcance de las acciones en cada departamento. Por esa razón, las fechas del 11 y el 20 de noviembre deben entenderse como opciones planteadas durante la preparación, no como un calendario final confirmado.
La eventual convocatoria podría tener efectos sobre las actividades educativas, la movilidad y algunos servicios, dependiendo de la participación de los sectores involucrados y de las decisiones que se adopten en cada región.
Una nueva prueba de fuerza política y social
El anuncio de un paro nacional representa un nuevo capítulo en la confrontación entre las organizaciones sindicales y el Gobierno de De la Espriella. Para los convocantes, la movilización es una herramienta para defender derechos laborales, servicios públicos y garantías democráticas. Para el Ejecutivo, el desafío será gestionar las manifestaciones y garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales sin desconocer el derecho constitucional a la protesta pacífica.
La convocatoria aún está en preparación, pero deja claro que las diferencias entre el Gobierno y buena parte del movimiento sindical siguen abiertas. La definición de la fecha y la capacidad de coordinación territorial serán determinantes para conocer la dimensión que podría alcanzar la jornada de noviembre.
Editor: Fer Bothía | Ágora Digital – 18 oct 2026
