El presidente Abelardo De La Espriella ordenó retirar de los lugares públicos las imágenes del excomandante del M-19 Carlos Pizarro, de acuerdo con una publicación de la revista Semana del 15 de octubre de 2026.
El anuncio se produjo durante una visita del mandatario a las instalaciones del Ministerio de Cultura, donde pronunció un discurso crítico frente al reconocimiento público de Pizarro y su representación como figura histórica.
“Nunca más los terroristas tendrán un lugar de próceres de la patria”, afirmó De La Espriella, según el reporte periodístico. El jefe de Estado también dio la instrucción de proceder con el retiro de las imágenes.
La decisión abre una discusión sobre la forma en que el Estado representa el pasado colombiano, especialmente a las figuras que participaron en organizaciones armadas y que, posteriormente, tuvieron presencia en la vida política del país.
¿Quién fue Carlos Pizarro?
Carlos Pizarro Leongómez fue uno de los principales comandantes del Movimiento 19 de Abril (M-19), organización guerrillera que participó en el conflicto armado colombiano durante varias décadas.
En 1990, el M-19 firmó un acuerdo de paz con el Gobierno nacional y dejó las armas para incorporarse a la actividad política legal. Pizarro se convirtió entonces en candidato presidencial, pero fue asesinado el 26 de abril de ese año, durante un vuelo entre Bogotá y Barranquilla, en medio de su campaña electoral.
Su trayectoria reúne episodios distintos de la historia contemporánea de Colombia: la lucha armada, la negociación de paz, la reincorporación política y la violencia contra quienes participaron en la competencia democrática.
Por esa razón, su figura ha sido objeto de interpretaciones contrapuestas. Mientras algunos destacan su papel en el proceso de desmovilización y su participación política posterior, otros hacen énfasis en su trayectoria como comandante guerrillero y en los hechos violentos asociados al conflicto.
¿Qué implica la orden presidencial?
La instrucción anunciada por De La Espriella plantea preguntas sobre su alcance práctico: qué retratos, fotografías, monumentos o representaciones serán retirados; en qué edificios o espacios públicos se encuentran; y qué entidades deberán ejecutar la medida.
El reporte conocido hasta ahora recoge la orden expresada por el presidente, pero no detalla un inventario completo de los elementos que serían retirados ni el procedimiento administrativo que se aplicará en cada caso.
También será importante establecer si la decisión se limita a dependencias del Gobierno nacional o si pretende extenderse a otros espacios públicos bajo la responsabilidad de entidades territoriales.
El debate sobre la memoria histórica
La representación de figuras vinculadas al conflicto armado suele generar controversias en Colombia. Las decisiones sobre retratos, monumentos y homenajes públicos involucran cuestiones de memoria, reconocimiento de las víctimas, interpretación histórica y responsabilidad política.
Una posición sostiene que el Estado no debe exaltar a quienes ejercieron la violencia armada. Otra señala que retirar símbolos sin un debate público puede reducir la posibilidad de examinar críticamente procesos históricos complejos, incluidos los acuerdos de paz y la transformación de antiguos grupos armados en movimientos políticos.
Estas discusiones no eliminan la necesidad de documentar los hechos ni de reconocer a las víctimas del conflicto. Más bien, plantean cómo preservar una memoria pública que permita comprender tanto la violencia como los procesos que buscaron ponerle fin.
La orden anunciada por el presidente abre, por tanto, un nuevo capítulo en la discusión sobre la manera en que Colombia representa su historia reciente. Su alcance definitivo dependerá de las instrucciones administrativas que se expidan y de los lugares y elementos a los que se aplique.
Editor: Fer Bothía | Ágora Digital – 15 oct 2026
