El presidente Abelardo de la Espriella protagonizó un tenso intercambio con la gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez Bowie, y la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz, durante su visita al archipiélago. El mandatario lanzó señalamientos sobre presuntas irregularidades administrativas, cuestionó asuntos relacionados con la contratación pública y advirtió que no permitirá manejos indebidos de los recursos que el Gobierno nacional destine a la isla.
Las dos dirigentes, integrantes del Partido Liberal, rechazaron las acusaciones y negaron estar involucradas en irregularidades o en la organización de protestas contra la intervención del Hospital Departamental.
Los señalamientos del presidente durante su visita
Durante su recorrido por San Andrés, donde encabezó un Consejo de Seguridad y participó en actividades relacionadas con el programa «Milagro de las regiones: Gobierno en territorio», De la Espriella afirmó que estaba al tanto de lo que ocurría en el archipiélago.
El mandatario mencionó presuntos negocios del esposo de Jay-Pang, hizo referencia a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) y advirtió que vigilaría el uso de los recursos públicos destinados al territorio.
También cuestionó a las dirigentes por su supuesta participación en acciones contra la intervención del hospital departamental, ordenada por el Gobierno nacional a través de las autoridades de salud.
«No confundan la cortesía institucional con la complicidad», afirmó el presidente durante el intercambio, en una advertencia que elevó la tensión política entre el Ejecutivo nacional y las autoridades insulares.
Los señalamientos constituyen acusaciones del mandatario y no deben interpretarse, por sí solos, como prueba de responsabilidad administrativa o penal de las personas mencionadas.
Gobernadora y representante rechazan las acusaciones
Tanto Girley Natacha Ordóñez Bowie como Elizabeth Jay-Pang Díaz negaron estar involucradas en manejos irregulares de recursos públicos. También rechazaron las afirmaciones sobre una supuesta movilización de personas para protestar contra la intervención del hospital.
En el caso de la representante, De la Espriella cuestionó la presunta relación de su esposo con la contratación de la Gobernación. Jay-Pang pidió que se adelanten las investigaciones correspondientes y manifestó que no encontrarían pruebas que sustentaran las afirmaciones del presidente.
La controversia deja planteada la necesidad de esclarecer los hechos mediante procedimientos institucionales. Cualquier posible irregularidad en la contratación pública debe ser examinada por las autoridades competentes, con evidencia verificable y garantías para las personas señaladas.
La intervención del hospital, otro foco de tensión
La situación del Hospital Departamental de San Andrés también estuvo en el centro del enfrentamiento. El Gobierno nacional ordenó intervenir la institución en medio de cuestionamientos sobre su funcionamiento y gestión.
De la Espriella sostuvo que no permitirá que se obstaculicen las medidas adoptadas por su administración y cuestionó la supuesta participación de personas cercanas a las autoridades locales en las manifestaciones contra la intervención.
El caso pone en primer plano las dificultades que rodean la prestación de los servicios de salud en el archipiélago y la discusión sobre quién debe responder por los problemas administrativos y financieros de la institución.
Más allá del enfrentamiento político, los habitantes de San Andrés necesitan claridad sobre las medidas que se implementarán, la situación del hospital y las garantías para que los recursos públicos se traduzcan en servicios adecuados.
Transparencia y control de los recursos públicos
El episodio vuelve a plantear una discusión sobre la relación entre el Gobierno nacional y las autoridades territoriales. La vigilancia del dinero público y la investigación de posibles irregularidades son responsabilidades esenciales del Estado, pero requieren actuaciones sustentadas en pruebas y procedimientos transparentes.
Las declaraciones presidenciales pueden abrir interrogantes que merecen investigación, aunque no sustituyen las conclusiones de los organismos de control o de la justicia. De igual manera, las negativas de las funcionarias deberán contrastarse con la evidencia disponible si las autoridades competentes adelantan actuaciones formales.
La ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurre con los recursos destinados al archipiélago, cómo se administra el hospital y qué resultados producen las medidas anunciadas por el Gobierno.
El desafío será que la confrontación entre el presidente y las dirigentes locales no opaque las preguntas centrales: qué irregularidades pueden demostrarse, quién debe responder por ellas y qué soluciones concretas recibirán los habitantes de San Andrés.
Editor: Maricela Meza | Ágora Digital – 18 de octubre de 2026
