El Gobierno atribuye parte de la situación a la preparación de la administración anterior, pero la amenaza de El Niño exige respuestas concretas sobre agua, energía y alimentos. Si la crisis golpea el bolsillo popular, los señalamientos políticos no serán suficientes.
Colombia necesita prevención, no una guerra de culpables
La amenaza del fenómeno de El Niño vuelve a poner bajo presión la capacidad del Estado para anticiparse a una emergencia climática. La reducción de las lluvias puede afectar los niveles de los embalses, el abastecimiento de agua, la producción agrícola y la generación de energía. Si las afectaciones se prolongan, también pueden repercutir en los precios de algunos alimentos.
En medio de este panorama, Abelardo de la Espriella ha señalado al gobierno de Gustavo Petro por presuntas fallas de preparación y por las dificultades que, según su administración, dejó el proceso de empalme.
Pero el señalamiento abre una pregunta que el Gobierno actual no puede esquivar: ¿qué medidas adoptó para anticipar los riesgos y proteger a la población desde que asumió el poder?
Responsabilizar a la administración anterior puede formar parte de la discusión política. Lo que no puede reemplazar es la obligación de presentar planes verificables, explicar el uso de los recursos y demostrar que las decisiones tomadas sirven para reducir los efectos de la emergencia.
El costo de la crisis podría terminar en la mesa de los colombianos
Cuando una sequía afecta los cultivos, los productores pueden enfrentar pérdidas, mayores costos y dificultades para abastecer los mercados. El impacto final depende de la duración y la intensidad del fenómeno, de los productos afectados y de las medidas que se adopten.
Para los hogares de menores ingresos, cualquier aumento en los alimentos básicos puede representar un golpe especialmente duro. Los campesinos también necesitan respaldo para evitar que las pérdidas comprometan sus cosechas y sus ingresos.
Por eso, la respuesta oficial debe ir más allá de los anuncios. El país necesita conocer qué regiones tienen mayor riesgo, qué recursos están disponibles, cómo se apoyará a los productores y qué medidas se tomarán para garantizar el acceso al agua.
El empalme no puede convertirse en una excusa permanente
Si el Gobierno sostiene que recibió una preparación deficiente, debe respaldar esa afirmación con documentos, cronologías y datos que permitan identificar qué falló y quién tenía responsabilidades concretas.
Pero también debe rendir cuentas por sus propias decisiones. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué advertencias recibió la administración, qué acciones ejecutó, cuáles siguen pendientes y qué resultados espera obtener.
La confrontación entre gobiernos puede servir para establecer responsabilidades, pero se convierte en una distracción cuando desplaza las preguntas urgentes: ¿hay recursos suficientes?, ¿las medidas llegarán a tiempo?, ¿qué ocurrirá con las comunidades más expuestas si la sequía se intensifica?
¿Quién protegerá el bolsillo popular?
Una respuesta eficaz debe priorizar a las poblaciones vulnerables, los pequeños productores y las regiones con mayores riesgos de desabastecimiento. También debe publicar información clara sobre las medidas adoptadas, sus costos y sus resultados.
De la Espriella tiene la responsabilidad de explicar cómo responderá su administración. Si considera que hubo errores en el gobierno anterior, debe demostrar cuáles fueron y qué está haciendo para corregirlos. No basta con convertir la emergencia en otro capítulo de la disputa política.
Colombia necesita agua, energía, alimentos asequibles y prevención. Si la crisis se agrava, las familias no deberían cargar solas con las consecuencias de decisiones tardías o de una planificación insuficiente.
Editor: Maricela Meza | Ágora Digital – 15 de octubre de 2026
