El Consejo de Estado entró en la etapa definitiva del proceso que determinará si fue legal el aumento del 23 % del salario mínimo para 2026, fijado mediante el Decreto 1469 de 2025 durante el Gobierno de Gustavo Petro.
La Sección Segunda acumuló las demandas contra el decreto, cerró la etapa de pruebas y ordenó avanzar hacia una sentencia anticipada, por lo que el alto tribunal podría pronunciarse de fondo próximamente.
El proceso ya tuvo un episodio clave en febrero, cuando el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto y ordenó al Gobierno expedir una nueva disposición transitoria. Sin embargo, en julio revocó esa medida cautelar y dejó nuevamente vigente el incremento del 23 %, mientras continúa el análisis sobre su legalidad.
El salario mínimo de 2026 quedó establecido en $1.750.905, frente a los $1.423.500 de 2025. La decisión definitiva determinará si el decreto que estableció ese incremento cumple con los criterios legales exigidos para fijar el salario mínimo.
Por ahora, el aumento sigue vigente. Una eventual decisión judicial sobre la legalidad del decreto aún está pendiente.
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