Hay decisiones de política exterior que parecen limitarse al lenguaje diplomático, pero que en realidad dan cuenta de la posición de un Estado frente a los derechos humanos. La intervención de Colombia del 7 de octubre de 2026 ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es una de ellas.
Qué pasó en Ginebra
En la última jornada de la 63ª sesión del Consejo, el embajador encargado Álvaro Ayala Meléndez presentó la posición frente a siete resoluciones que el país respaldaría. Allí anunció que Colombia se disocia de la expresión “salud y derechos sexuales y reproductivos”, por considerar que no constituye lenguaje universalmente acordado ni tiene definición en tratados vinculantes.
La disociación se dio, por ejemplo, en la resolución L.34 sobre el derecho al agua potable y al saneamiento. Colombia acepta que se hable de higiene, información y atención sanitaria y salud menstrual, pero toma distancia de la fórmula “derechos sexuales y reproductivos”.
Además, precisó que interpretará “género” y expresiones derivadas como “violencia sexual y de género, estereotipos de género y perspectiva de género” conforme al artículo 7.3 del Estatuto de Roma, que para efectos de ese estatuto define género en referencia a los dos sexos, masculino y femenino. También cuestionó términos como “discriminación interseccional” y “racismo sistemático”.
La paradoja
La documentación es elocuente. Desde 2009, Colombia respaldó 61 resoluciones que utilizan la expresión y fue patrocinador principal de 16. Patrocinó la resolución 21/6 de 2012 sobre mortalidad materna, la 38/1 de 2018 sobre discriminación contra mujeres y niñas que incorpora el derecho a la salud sexual y reproductiva, y la 54/16 de 2023 que exhorta a respetar, proteger y cumplir ese derecho. Como miembro del Consejo, votó en contra de 15 enmiendas en 2025 y 2026 que buscaban eliminar referencias a derechos sexuales, autonomía corporal, educación sexual integral y género.
Su nueva postura la alineó por primera vez con Pakistán, Indonesia, Egipto, Irak y Kuwait.
Qué dice la Constitución
Analistas como Juliana Bustamante, directora de Vértice, advierten que la Constitución de 1991 no deja las relaciones internacionales al margen del derecho. El artículo 9 establece que se fundamentan en principios del derecho internacional aceptados por Colombia y el 93 incorpora tratados de derechos humanos. La Corte Constitucional, en sentencia C-269 de 2014, dijo que hay que armonizar el orden interno con obligaciones internacionales y actuar de buena fe.
La autonomía reproductiva ha sido vinculada por la Corte con dignidad, libertad, igualdad y libre desarrollo de la personalidad. En el sistema interamericano, Artavia Murillo vs. Costa Rica vinculó vida privada con autonomía reproductiva.
Sobre género, la Corte en C-804 de 2006 reconoció estereotipos sociales y en T-099 de 2015 desarrolló identidad de género. Reducir género a la definición del Estatuto de Roma desconoce ese desarrollo constitucional.
¿Qué puede venir en casa?
Organizaciones feministas advierten retroceso y que Colombia se retiró recientemente de la Equal Rights Coalition que protege derechos LGBTIQ+. El debate no es solo terminológico, sino sobre los límites de una política exterior que durante años ayudó a construir estándares de igualdad y que ahora toma distancia de ellos.
Editor: Fer Bothía | Ágora Digital – 9 de octubre de 2026
