El exministro Armando Benedetti quedó sin protección de la UNP en medio de una nueva confrontación con el presidente Abelardo de la Espriella. El mandatario lanzó advertencias contra el exfuncionario por el llamado Pacto de Valledupar, mientras Benedetti denunció un posible perfilamiento y anunció acciones legales. La coincidencia de los hechos abre interrogantes sobre seguridad y garantías políticas, aunque no está demostrado que el retiro de la protección sea una represalia.
El exministro del Interior Armando Benedetti volvió a quedar en el centro de la controversia política luego de que se conociera el retiro de su esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP). La decisión coincide con una nueva escalada de señalamientos del presidente Abelardo de la Espriella, quien afirmó que el exfuncionario deberá responder ante la justicia por los hechos relacionados con el llamado Pacto de Valledupar.
El caso ha despertado preguntas sobre las garantías de seguridad de los exfuncionarios y sobre la manera en que las instituciones deben actuar en medio de una confrontación política. Sin embargo, es necesario distinguir entre la coincidencia temporal de los acontecimientos y la existencia de pruebas que permitan afirmar que una decisión fue tomada por motivos políticos.
El retiro del esquema de seguridad
La UNP adelantó una revisión de los esquemas de protección asignados a exfuncionarios del Gobierno anterior. Entre las personas afectadas aparece Benedetti, junto con otros antiguos integrantes de la administración de Gustavo Petro.
La entidad tiene la responsabilidad de evaluar los niveles de riesgo y determinar qué medidas de protección corresponden a cada caso. El retiro de un esquema puede responder a una reevaluación técnica, pero las personas afectadas pueden cuestionar la decisión y solicitar que se revise si consideran que persisten las condiciones de riesgo.
Por ahora, la información pública disponible no demuestra que la decisión contra Benedetti haya sido ordenada para castigarlo por sus posiciones políticas o por sus enfrentamientos con el actual Gobierno.
De la Espriella endurece sus señalamientos
La controversia se intensificó el lunes 19 de octubre, cuando el presidente Abelardo de la Espriella lanzó nuevas advertencias contra Benedetti por las versiones relacionadas con el denominado Pacto de Valledupar.
El caso gira alrededor de una reunión realizada en 2025 entre funcionarios del entonces Gobierno de Gustavo Petro y antiguos comandantes paramilitares. Según las declaraciones conocidas recientemente, el encuentro habría estado relacionado con una iniciativa para que exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia se pronunciaran sobre dirigentes políticos, entre ellos De la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras.
La exdirectora del Dapre Angie Rodríguez y el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso han entregado versiones sobre el propósito de aquella reunión. Mancuso afirmó que los antiguos comandantes no aceptaron participar en una estrategia para acusar a esos dirigentes. Las responsabilidades individuales y el alcance de los hechos deben establecerse mediante una investigación judicial, sin dar por probadas todas las acusaciones.
En ese contexto, De la Espriella sostuvo que Benedetti tendría que responder ante la justicia y utilizó expresiones contundentes contra el exministro.
Benedetti denuncia un posible perfilamiento
Benedetti respondió a los señalamientos del mandatario y manifestó que considera que se está produciendo un perfilamiento en su contra. También responsabilizó públicamente a De la Espriella por cualquier situación que pudiera afectar su integridad o la de su familia.
El exministro aseguró que acudirá a la justicia para defender su buen nombre. Su respuesta convierte el enfrentamiento en algo más que un intercambio de acusaciones: plantea una discusión sobre las garantías de cualquier ciudadano frente a los señalamientos de un jefe de Estado.
No obstante, las declaraciones de las partes deben entenderse como posiciones dentro de una controversia política. La existencia de una amenaza, una persecución o una actuación irregular requiere elementos verificables y, cuando corresponda, la valoración de las autoridades competentes.
¿Persecución política o revisión institucional?
La coincidencia entre el retiro del esquema de seguridad y el endurecimiento de los señalamientos contra Benedetti alimenta interrogantes. ¿Se trata de una revisión administrativa basada en criterios de riesgo o existen razones para examinar si el contexto político pudo influir en la decisión?
Hay un elemento relevante: la revisión de la UNP no se limitó a Benedetti, pues también afectó a otros exfuncionarios. Ese dato impide concluir, sin más pruebas, que el retiro de su protección obedece a una represalia individual.
Al mismo tiempo, la revisión general no elimina la obligación de explicar cada decisión ni de garantizar que una persona que enfrenta un riesgo real tenga acceso a las medidas que correspondan. La protección estatal no debería depender de afinidades políticas, disputas personales o simpatías con el Gobierno de turno.
La controversia también plantea un límite institucional: las acusaciones sobre posibles delitos deben ser investigadas por las autoridades judiciales, no convertirse en condenas anticipadas mediante declaraciones públicas. Esto vale tanto para Benedetti como para cualquier otra persona señalada.
Un debate que exige respuestas verificables
El retiro del esquema de seguridad de Benedetti, las advertencias de De la Espriella y las versiones sobre el Pacto de Valledupar configuran un episodio que merece seguimiento público. Para determinar si hubo persecución política sería necesario conocer los fundamentos concretos de la decisión de la UNP, las evaluaciones de riesgo y cualquier evidencia que vincule la medida con la confrontación política.
Mientras tanto, la pregunta sigue abierta: ¿la decisión responde a una revisión legítima de la protección estatal o es necesario investigar si hubo factores políticos en su aplicación?
Lo fundamental es que las garantías de seguridad se determinen con criterios objetivos, que las denuncias sean investigadas y que ninguna persona sea considerada culpable antes de que la justicia establezca responsabilidades.
Editor: Fer Bothía | Ágora Digital – 19 oct 2026
