Inflación cercana al 7 %: ¿por qué los trabajadores deben asumir el costo de la crisis?
El aumento del costo de vida vuelve a encender el debate sobre el salario mínimo en Colombia. Mientras las proyecciones apuntan a una inflación cercana al 7 % al cierre de 2026, millones de hogares necesitan ingresos suficientes para pagar alimentos, vivienda y servicios básicos.
Vivir con un salario mínimo en Colombia significa hacer cuentas todos los días. El mercado, el arriendo, el transporte y los servicios públicos compiten por una parte de los mismos ingresos, y cuando los precios suben, cada peso alcanza para menos.
En ese contexto, las proyecciones de inflación para el cierre de 2026 han vuelto a poner sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿cómo se puede exigir responsabilidad económica a los trabajadores si sus ingresos no alcanzan para cubrir el costo de vida?
La encuesta de expectativas de analistas del mercado divulgada en septiembre por el Banco de la República situó la inflación esperada para el cierre del año alrededor del 6,81 %. Se trata de una proyección, no del dato definitivo de diciembre. Por su parte, la inflación anual llegó al 6,29 % en septiembre, según el dato publicado por el DANE.
Las cifras muestran que el encarecimiento de la vida sigue siendo una preocupación central para los hogares. Y aunque la inflación no afecta a todos los productos por igual, sus consecuencias son especialmente difíciles para quienes destinan la mayor parte de su salario a necesidades esenciales.
Cuando el salario no alcanza
Para una persona que gana el mínimo y debe pagar arriendo, alimentación, transporte y servicios, un aumento de precios puede significar renunciar a otros gastos indispensables.
El problema no se resuelve diciendo que la economía necesita prudencia. La prudencia también debe aplicarse al momento de evaluar cuánto necesita una familia para vivir y qué capacidad real tiene de absorber nuevos aumentos.
Si los precios continúan creciendo y los ingresos no recuperan su poder adquisitivo, los trabajadores terminan soportando una parte importante del ajuste. En términos sencillos, el dinero pierde capacidad de compra y el esfuerzo laboral no necesariamente se traduce en una mejor calidad de vida.
Por eso, la discusión sobre el salario mínimo no debería limitarse a cuánto cuesta para las empresas aumentar la nómina. También debe considerar cuánto cuesta para una familia mantener su alimentación, su vivienda y sus necesidades básicas.
¿Subir el salario por encima de la inflación es irresponsable?
Desde sectores empresariales y económicos se advierte que un incremento salarial elevado puede aumentar los costos de contratación, presionar algunos precios y dificultar la situación de las pequeñas empresas. Esos riesgos deben evaluarse con datos y no pueden descartarse de antemano.
Pero tampoco es razonable tratar cualquier propuesta de mejora salarial como si fuera, automáticamente, una amenaza para la economía.
La discusión requiere considerar la inflación observada y esperada, la productividad, el empleo formal, la capacidad de las empresas y el poder adquisitivo de los trabajadores. También exige examinar medidas complementarias que ayuden a evitar que los aumentos de costos se traduzcan en más informalidad o en nuevas presiones sobre los precios.
La responsabilidad económica no puede significar que los trabajadores deban aceptar indefinidamente la pérdida de capacidad de compra mientras esperan que las condiciones mejoren. Una política salarial equilibrada debe reconocer tanto la sostenibilidad del empleo como la necesidad de ingresos suficientes para vivir dignamente.
La austeridad debe empezar por la transparencia
Cuando se les pide a los ciudadanos que ahorren, se endeuden menos y acepten restricciones, también es legítimo exigir transparencia en la administración de los recursos públicos y en las decisiones económicas del Gobierno.
La ciudadanía tiene derecho a saber cuáles son las prioridades del gasto, cómo se distribuyen los recursos y qué medidas se adoptan para proteger a las personas con menores ingresos. También tiene derecho a exigir controles sobre la contratación pública y explicaciones claras sobre las decisiones que afectan su bienestar.
No basta con invocar la disciplina fiscal o las condiciones del mercado. Las políticas económicas deben evaluarse por sus resultados y por la forma en que distribuyen sus costos y beneficios entre los distintos sectores de la sociedad.
Un trabajador que destina buena parte de su salario a pagar vivienda y comida no tiene el mismo margen de maniobra que una persona con ingresos elevados. Ignorar esa diferencia conduce a soluciones que pueden parecer equilibradas en el papel, pero que resultan mucho más difíciles de soportar para los hogares vulnerables.
La marcha por el salario mínimo vital
Este 14 de octubre, sectores sindicales, sociales y políticos participan en movilizaciones para reclamar, entre otras demandas, la defensa del poder adquisitivo y un salario mínimo que permita afrontar el costo de vida. El expresidente Gustavo Petro también convocó a marchar bajo la consigna del salario mínimo vital.
La movilización pone en primer plano una discusión que trasciende las diferencias partidistas: cuánto debe ganar una persona para cubrir sus necesidades básicas y qué responsabilidad tienen el Estado, las empresas y los demás actores económicos frente a esa realidad.
El derecho a manifestarse permite que los ciudadanos expresen sus inconformidades y exijan respuestas. Las demandas salariales, por su parte, deben debatirse con cifras verificables, argumentos económicos y atención a las condiciones reales de los hogares.
El costo de vida también debe contar en las decisiones económicas
Si la inflación termina acercándose al 7 %, el país tendrá que discutir cómo evitar que los trabajadores pierdan más capacidad adquisitiva. Eso no significa que cualquier incremento salarial sea automáticamente conveniente, pero sí que las decisiones deben partir de una pregunta esencial: ¿qué ingreso necesita una familia para vivir con dignidad?
La estabilidad económica no debería medirse únicamente por las cuentas del Estado o los costos empresariales. También debe observarse en la mesa de los hogares, en la posibilidad de pagar un arriendo sin sacrificar la alimentación y en la capacidad de los trabajadores para cubrir sus necesidades sin recurrir permanentemente al endeudamiento.
El salario mínimo no es solo una cifra de negociación. Para millones de personas representa la diferencia entre llegar a fin de mes con lo necesario o tener que elegir qué cuenta dejar sin pagar.
La discusión de fondo es si Colombia puede construir una política económica que proteja el empleo y la estabilidad de los precios sin trasladar de manera desproporcionada el costo de los ajustes a quienes viven de su trabajo.
Editor: Fer Bothía | Ágora Digital – 14 oct 2026