La representante a la Cámara Catherine Juvinao lanzó una advertencia sobre el Fondo Milagro, mecanismo creado por el Gobierno de Abelardo De la Espriella para canalizar los recursos destinados a atender la emergencia provocada por el terremoto.

Según la congresista, el fondo tendría menores garantías de transparencia que el Fondo de la Igualdad, creado durante el gobierno anterior. También afirmó que el número de regiones afectadas pasó de cinco a 16 sin que se hubiera ejecutado un solo peso.

Las declaraciones plantean interrogantes sobre la administración de los recursos, la capacidad institucional para responder a la emergencia y los mecanismos de control que se aplicarán al fondo. No obstante, las cifras y afirmaciones expuestas por Juvinao deben contrastarse con los reportes presupuestales oficiales para establecer el estado real de la ejecución.

Juvinao cuestiona las garantías de transparencia

Uno de los principales puntos de la advertencia de la congresista es la transparencia en el manejo del Fondo Milagro. Su comparación con el Fondo de la Igualdad busca llamar la atención sobre los controles, la contratación y la rendición de cuentas en la administración de recursos públicos.

Para evaluar esa comparación es necesario examinar los mecanismos de supervisión de ambos fondos, sus estructuras administrativas, los procedimientos de contratación y los resultados de las auditorías disponibles. La afirmación de que uno tendría menos transparencia que el otro corresponde, por ahora, a la valoración expresada por la representante.

De cinco a 16 regiones afectadas

Juvinao también afirmó que el número de regiones afectadas por la emergencia aumentó de cinco a 16. El dato, de confirmarse en los registros oficiales, reflejaría una ampliación territorial de las necesidades de atención.

Este escenario hace relevante conocer cómo se distribuyen los recursos entre las zonas afectadas, cuáles son los criterios de priorización y qué cronograma se ha establecido para responder a las necesidades más urgentes.

La expansión de la emergencia también plantea retos logísticos y administrativos: identificar a las familias damnificadas, establecer los daños, coordinar a las entidades responsables y garantizar que la asistencia llegue a quienes la necesitan.

La ejecución presupuestal, en el centro de la discusión

La representante aseguró que no se habría ejecutado dinero del Fondo Milagro. Para comprobar esta afirmación es necesario distinguir entre recursos anunciados, apropiaciones presupuestales, compromisos adquiridos, obligaciones reconocidas y pagos efectivamente realizados.

Estas categorías reflejan etapas distintas del proceso presupuestal. Por ello, un balance verificable debe precisar a qué fecha corresponde la cifra y qué indicador se está utilizando para medir la ejecución.

Los reportes oficiales del fondo y los documentos presupuestales permitirían establecer cuánto dinero está disponible, si existen contratos en curso y qué recursos han llegado efectivamente a los programas de atención y reconstrucción.

¿Qué debe aclarar el Gobierno?

Las advertencias de Juvinao dejan varios asuntos pendientes de respuesta: el estado de la ejecución financiera, los controles previstos para vigilar los recursos, la distribución territorial de las ayudas y el calendario para atender a las comunidades afectadas.

La respuesta de las autoridades y la publicación de información verificable serán determinantes para establecer si el fondo está cumpliendo sus objetivos y si los recursos están llegando oportunamente a los damnificados.

Mientras tanto, la denuncia de la congresista vuelve a poner la transparencia y la capacidad de respuesta estatal en el centro del debate sobre la atención de la emergencia.

Editor: Maricela Meza | Ágora Digital – 15 de octubre de 2026