Las amenazas atribuidas a la estructura criminal conocida como Los Satanás vuelven a encender las alarmas en Bogotá. Esta vez, el caso tiene como escenario la localidad de Bosa, donde un ataque armado contra la sede de la Central Nacional Provivienda (Cenaprov) fue seguido por intimidaciones y una exigencia millonaria contra uno de sus dirigentes.
El hecho ocurrió el 25 de septiembre de 2026, cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron al parqueadero de la organización, ubicado en el barrio Nuevo Chile, y dispararon 16 veces contra una caseta en la que se encontraban cinco personas. Todas salieron ilesas.
Minutos después, Fernando Escobar, dirigente de Cenaprov, recibió una amenaza de muerte. Un hombre que se identificó como alias Pedrito Satanás le exigió dinero a cambio de no atentar contra su familia.
Un ataque armado seguido de amenazas
El ataque contra Cenaprov no habría sido un hecho aislado. De acuerdo con la denuncia conocida, las intimidaciones buscaban presionar económicamente al dirigente mediante amenazas contra su entorno familiar.
La exigencia reportada en este caso ascendía a $200 millones. La utilización de disparos contra instalaciones y las amenazas posteriores forman parte de las modalidades de intimidación que las autoridades han investigado en casos atribuidos a Los Satanás.
La gravedad del episodio radica no solo en la suma exigida, sino también en el riesgo al que quedaron expuestas las personas que estaban en el lugar y las posibles víctimas de nuevas amenazas.
Otros casos de presunta extorsión en Bosa y Kennedy
Las autoridades también investigan otros episodios que presentan un patrón similar en el suroccidente de Bogotá.
Según información divulgada por la Alcaldía de Bogotá a partir de la investigación de la Fiscalía, uno de los casos ocurrió el 25 de septiembre en Bosa. En ese episodio, los responsables habrían disparado contra un parqueadero y posteriormente exigido $100 millones para no atentar contra la familia y los empleados de la víctima.
Otro caso se registró el 4 de octubre en una bodega de reciclaje de Kennedy. Allí, el propietario habría recibido una exigencia de $40 millones y, aproximadamente 15 minutos después, el establecimiento fue atacado.
La Fiscalía señaló que la investigación permitió identificar a tres personas que presuntamente estarían relacionadas con estos hechos. Durante un procedimiento coordinado con el Gaula de la Policía fueron capturadas dos hombres y una mujer, y se incautaron dos armas de fuego y panfletos alusivos a la organización criminal.
Tres personas fueron judicializadas
Un fiscal imputó a los tres señalados por los delitos de concierto para delinquir, extorsión agravada en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, de acuerdo con la posible responsabilidad individual de cada uno.
Los procesados no aceptaron los cargos. Por lo tanto, su responsabilidad penal deberá establecerse en el proceso judicial y no puede darse por probada únicamente a partir de las capturas o de la imputación.
Las autoridades continúan enfrentando el desafío de identificar a los responsables de las amenazas, establecer si los diferentes episodios están conectados y determinar quiénes coordinan las exigencias económicas.
Los comerciantes y líderes sociales, bajo presión
Los ataques contra establecimientos y las amenazas contra familiares constituyen mecanismos de intimidación que pueden obligar a comerciantes y organizaciones sociales a modificar sus actividades por temor a nuevas agresiones.
En el caso de Cenaprov, la denuncia vuelve a poner sobre la mesa la seguridad de los líderes sociales en Bosa y la necesidad de investigar con rapidez las amenazas para evitar que escalen a hechos de mayor gravedad.
La pregunta que queda abierta es si las acciones judiciales y los operativos podrán frenar estas prácticas y garantizar que comerciantes, trabajadores y dirigentes sociales desarrollen sus actividades sin vivir bajo amenazas de muerte.
Editor: Fer Bothía | Ágora Digital – 21 de octubre de 2026
