El Congreso de la República aprobó en la madrugada del martes 20 de octubre el Presupuesto General de la Nación para la vigencia de 2027, por un monto de $634,9 billones. La iniciativa, presentada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, recibió el aval de las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes en la recta final del plazo legal para su aprobación.
En el Senado, el proyecto obtuvo 57 votos a favor y dos en contra. Posteriormente, la Cámara de Representantes lo aprobó con 112 votos positivos y uno negativo, luego de una extensa jornada de discusión.
¿Cómo se distribuirán los recursos?
El presupuesto contempla recursos para cubrir los gastos de funcionamiento del Estado, el servicio de la deuda pública y la inversión. La distribución divulgada durante el trámite legislativo asigna aproximadamente $393,3 billones al funcionamiento, $147,1 billones al servicio de la deuda y $94,6 billones a inversión pública.
Durante la discusión final se incorporaron ajustes presupuestales para atender distintas obligaciones del Estado. En el sector salud se anunciaron recursos adicionales por $3 billones, que se suman a otros $2 billones contemplados previamente, para un total de $5 billones adicionales destinados a atender necesidades de financiación del sector.
También se reconocieron recursos para obligaciones pensionales y para cubrir necesidades de funcionamiento de las universidades públicas. En el sector de Minas y Energía se incluyeron recursos para subsidios de energía y gas.
Un presupuesto mayor en medio de las presiones fiscales
El monto aprobado supera el presupuesto de 2026, que fue de aproximadamente $555,8 billones. El aumento ocurre en un contexto de presión sobre las finanzas públicas y de discusión sobre las medidas necesarias para reducir el déficit fiscal.
La cifra también contrasta con la promesa de campaña de Abelardo de la Espriella de reducir el gasto público. Su Gobierno ha defendido el presupuesto bajo el argumento de que reconoce obligaciones de financiación que no estaban plenamente contempladas en la propuesta inicial.
La aprobación del proyecto no elimina, por sí sola, los desafíos fiscales del país. El Gobierno deberá gestionar los recursos disponibles y avanzar en las medidas que considere necesarias para cumplir sus metas presupuestales.
Los recursos relacionados con el acuerdo de paz, bajo la lupa
Entre los puntos que han generado atención se encuentran las reducciones presupuestales relacionadas con entidades vinculadas a la implementación del acuerdo de paz de 2016, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
Estas decisiones pueden tener implicaciones para el desarrollo de sus funciones y deberán evaluarse a partir de las partidas definitivas, las necesidades institucionales y la ejecución presupuestal durante 2027.
Con la aprobación en ambas plenarias, el Congreso concluyó la votación del proyecto dentro del plazo establecido. El resultado define el marco de gasto del próximo año, pero la discusión sobre las prioridades de inversión, la sostenibilidad fiscal y el alcance de los recursos destinados a los distintos sectores seguirá siendo central para el país.
Editor: Fer Bothía | Ágora Digital – 20 oct 2026
