El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que la Policía intervino después de agotar el diálogo y ante el bloqueo total de la carrera Séptima. La defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó el despliegue de la unidad antidisturbios y lo calificó de innecesario y desproporcionado.
La intervención de la fuerza pública durante las protestas frente al Museo Nacional de Colombia continúa generando controversia. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió el operativo realizado durante el fin de semana en Bogotá y sostuvo que las autoridades actuaron para restablecer la movilidad, después de intentar llegar a acuerdos con los manifestantes.
Las movilizaciones comenzaron como respuesta a la decisión del Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella de retirar cerca de 30 piezas de las salas del museo. Los elementos estaban relacionados con las luchas feministas, la población LGBTIQ+, las víctimas de la violencia política y distintos episodios de la historia reciente del país.
Durante el sábado 17 y el domingo 18 de octubre, cientos de personas se concentraron en el sector para expresar su rechazo a la decisión. Aunque buena parte de la jornada transcurrió pacíficamente, la situación se tensó cuando unidades de la Unidad Nacional Antidisturbios intervinieron con una tanqueta lanzaagua y dispositivos aturdidores.
La explicación del ministro del Interior
Rodrigo Lara sostuvo que la intervención del domingo se produjo después de que terminara la ciclovía y se presentara un bloqueo total de la carrera Séptima, una de las principales vías de Bogotá.
Según la versión del ministro, las autoridades dialogaron con los manifestantes y solicitaron que despejaran la vía. También afirmó que líderes políticos habían pedido respetar las disposiciones del Decreto 1525 y los corredores solidarios.
Lara aseguró que, ante la persistencia de un grupo de manifestantes en mantener el bloqueo, la Policía intervino con el objetivo de recuperar la movilidad. El funcionario defendió la actuación institucional al señalar que se debía proteger tanto el derecho a la protesta pacífica como los derechos de las personas que no participaban en ella.
La explicación del Gobierno sitúa el bloqueo vial como el principal argumento para justificar el operativo. Sin embargo, el debate no se limita a determinar si existía una afectación a la movilidad: también incluye la necesidad, la proporcionalidad y las condiciones en las que se emplearon los dispositivos antidisturbios.
Iris Marín cuestiona la proporcionalidad del operativo
La defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su preocupación por el despliegue de unidades antidisturbios y de un vehículo lanzaagua frente al museo. En su pronunciamiento, consideró que la presencia de estos dispositivos era innecesaria y desproporcionada frente al carácter pacífico que, según el reporte inicial de la entidad, tenía la manifestación.
Marín recordó que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que la ocupación del espacio público y la obstrucción de vías pueden formar parte del ejercicio legítimo del derecho a la protesta. Por esa razón, una afectación a la movilidad no significa automáticamente que una manifestación pierda su carácter pacífico.
La funcionaria pidió a las autoridades buscar alternativas para gestionar la circulación sin desconocer los derechos fundamentales de quienes se movilizan. También advirtió que la proximidad de dispositivos antidisturbios puede aumentar las tensiones y favorecer una escalada de la confrontación.
Las posiciones del ministro y de la Defensoría reflejan dos aspectos distintos del mismo problema: el Gobierno sostiene que debía restablecerse la movilidad, mientras que la defensora cuestiona si la respuesta policial fue proporcional a las circunstancias.
Organizaciones de derechos humanos denuncian posibles abusos
La controversia también incluye denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos. La ONG Temblores reportó posibles agresiones contra manifestantes y cuestionó la actuación de los agentes durante el operativo. Entre los señalamientos divulgados se encuentran denuncias de personas heridas y trasladadas a instalaciones policiales.
Estas afirmaciones deben ser verificadas mediante información oficial, testimonios y las actuaciones de las autoridades competentes. Su existencia, no obstante, refuerza las solicitudes de explicaciones sobre el procedimiento policial, el trato a los manifestantes y las garantías para el ejercicio de la protesta.
Durante las jornadas se registraron enfrentamientos entre algunos manifestantes y los uniformados. La presencia de estos incidentes hace necesario examinar las circunstancias de cada actuación, sin asumir que todos los participantes se comportaron de la misma manera ni que cualquier intervención policial resulta automáticamente justificada.
El trasfondo: el retiro de piezas del Museo Nacional
La protesta se originó en la decisión del Gobierno de retirar cerca de 30 objetos y piezas de exposición vinculados con la memoria histórica, los movimientos feministas, la población LGBTIQ+ y las trayectorias políticas de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez.
El presidente De la Espriella ha cuestionado el contenido de algunas de estas exhibiciones, mientras que sus críticos consideran que el retiro de las piezas afecta la representación de sectores sociales y episodios relevantes de la historia colombiana.
La discusión ha abierto preguntas sobre la autonomía curatorial de los museos públicos, los criterios con los que se seleccionan las piezas de una exposición y el papel del Estado en la preservación de memorias históricas diversas.
En ese contexto, el plantón no solo expresó desacuerdo con una decisión cultural. También se convirtió en un escenario de debate sobre los límites de la autoridad, la libertad de expresión y la manera en que el Estado responde a la inconformidad ciudadana.
Una discusión que va más allá de despejar una vía
El Gobierno sostiene que la intervención fue necesaria para recuperar la movilidad después de que, según su versión, se agotara el diálogo. La Defensoría del Pueblo, por su parte, cuestiona la proporcionalidad del despliegue antidisturbios y advierte sobre los riesgos de una respuesta que pueda intensificar las tensiones.
Determinar si el operativo se ajustó a los principios de necesidad y proporcionalidad requiere examinar las circunstancias concretas, las alternativas disponibles y la actuación de los agentes durante la intervención.
La controversia deja una pregunta central para el país: ¿cómo garantizar la movilidad y los derechos de terceros sin convertir el uso de la fuerza en una respuesta que termine agravando los conflictos sociales?
Editor: Fer Bothía | Ágora Digital – 19 oct 2026
