El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aclaró que su Gobierno no contempla liberar a la mitad de las más de 93.000 personas detenidas durante el régimen de excepción, como se interpretó tras sus declaraciones iniciales sobre un plan de libertad anticipada. El mandatario sostuvo que la información fue tergiversada y explicó que la revisión se concentrará en un grupo de personas señaladas como colaboradoras ocasionales de las pandillas.
La precisión llega en medio del debate sobre el alcance de la política de seguridad salvadoreña, que ha reducido significativamente los homicidios, pero también ha sido objeto de denuncias por detenciones arbitrarias y presuntas violaciones de derechos humanos.
Bukele precisa quiénes podrían acceder a beneficios
Durante una conferencia de prensa, el mandatario explicó que se revisarán los casos de 10.629 personas identificadas como colaboradoras ocasionales de las pandillas, sin pertenecer formalmente a sus estructuras.
Bukele afirmó que aproximadamente la mitad de ese grupo podría ingresar al programa Cero Ocio, que ofrece beneficios asociados al trabajo en obras de utilidad pública. Según su explicación, la revisión busca diferenciar los niveles de participación en actividades delictivas y determinar quiénes podrían acceder a una salida anticipada.
“Ningún pandillero va a salir libre. Nunca”, aseguró el presidente, quien negó que su propuesta contemple excarcelar a la mitad de la población detenida durante el régimen de excepción.
El anuncio inicial había generado interpretaciones sobre una posible liberación de decenas de miles de personas. Con su aclaración, Bukele sostuvo que la medida se limita a evaluar casos específicos y no representa una excarcelación generalizada.
El programa Cero Ocio y la revisión de los expedientes
El programa Cero Ocio contempla actividades laborales y trabajos de utilidad pública para las personas privadas de la libertad. De acuerdo con el mandatario, algunos de los posibles beneficiarios podrían reducir su tiempo de reclusión mediante este mecanismo.
Sin embargo, la revisión de los expedientes plantea interrogantes sobre los criterios empleados para establecer el grado de colaboración con las pandillas, las pruebas disponibles y las garantías del procedimiento.
El Gobierno sostiene que los beneficios no estarán dirigidos a integrantes de las estructuras criminales. La determinación de quiénes cumplen las condiciones dependerá de la evaluación individual de los casos.
Organizaciones humanitarias cuestionan el régimen de excepción
La política de seguridad de Bukele ha sido reconocida por la disminución de los homicidios, pero también ha recibido críticas de organizaciones humanitarias que denuncian detenciones arbitrarias, restricciones al debido proceso y muertes bajo custodia estatal.
El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) cuestionó quién determinará qué personas fueron colaboradoras de las pandillas y cuáles serán las pruebas utilizadas para tomar esas decisiones. También advirtió sobre el riesgo de que personas inocentes hayan sido detenidas o hayan admitido hechos que no cometieron bajo presión.
Estas denuncias alimentan el debate sobre la necesidad de revisar las detenciones y garantizar procedimientos que permitan distinguir entre quienes participaron en delitos y quienes pudieron ser privados de la libertad injustamente.
Seguridad, justicia y garantías judiciales
La aclaración de Bukele delimita el alcance de la propuesta: no se trata, según el mandatario, de liberar a la mitad de los detenidos durante el régimen de excepción, sino de estudiar posibles beneficios para una parte de quienes habrían colaborado ocasionalmente con las pandillas.
Aun así, quedan preguntas sobre los mecanismos de revisión, los criterios de elegibilidad y las garantías para las personas detenidas. La efectividad de la medida dependerá de que las decisiones se adopten con criterios verificables y procedimientos que permitan examinar cada caso.
El desafío consiste en mantener la protección de la población frente a las estructuras criminales y, al mismo tiempo, garantizar que el sistema penal no castigue a personas inocentes ni limite injustificadamente sus derechos.
Editor: Maricela Meza | Ágora Digital – 17 de octubre de 2026
