La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, encabezada por Ana Lucía Pineda, esposa del presidente Abelardo de la Espriella, reportó haber recibido, administrado y canalizado más de $54.600 millones en aportes privados tras el terremoto del 10 de agosto. La publicación del informe de gestión permite conocer el origen de una parte importante de los recursos y los proyectos previstos, pero también deja interrogantes sobre su ejecución y los detalles de la rendición de cuentas.
El debate no consiste únicamente en cuánto dinero se recaudó. La pregunta central es cuándo se traducirán esos aportes en obras terminadas y cómo podrá la ciudadanía comprobar que los recursos están llegando a las comunidades afectadas.
¿De dónde salieron los más de $54.000 millones?
De acuerdo con el informe correspondiente al periodo comprendido entre el 7 de julio y el 16 de octubre de 2026, la fundación recibió recursos por más de $54.600 millones provenientes de personas y empresas privadas. La organización asegura que durante ese periodo no recibió ni administró dinero de origen público.
El documento señala que aproximadamente el 81 % de los aportes corresponde a la familia Gilinski, una contribución cercana a los $44.200 millones. Ese dinero tiene una destinación específica: financiar la reconstrucción de tres instituciones educativas y tres entidades de salud en Cali.
El porcentaje restante, cercano al 19 %, corresponde a otros donantes privados. Sin embargo, el informe no presenta un desglose completo que permita identificar a todos esos aportantes y precisar cuánto entregó cada uno.
La participación de grandes donantes privados no constituye por sí misma una irregularidad. No obstante, cuando una campaña de ayuda humanitaria moviliza decenas de miles de millones de pesos, conocer el origen, las condiciones y la utilización de los recursos resulta fundamental para generar confianza.
La plata está reportada, pero la reconstrucción todavía no comienza
La fundación sostiene que los recursos permanecen depositados en entidades financieras vigiladas y que su utilización está condicionada por los compromisos establecidos con los donantes y el avance de los proyectos.
En el caso de las seis edificaciones previstas en Cali, el informe indica que se adelantaban estudios y diseños. Las obras todavía no habían comenzado cuando se presentó el balance, y la consolidación de los estudios estaba prevista para noviembre.
Los proyectos contemplan la intervención de los colegios Eustaquio Palacios, Carlos Holguín Mallarino y Juan Pablo II, así como del Hospital Carlos Holmes Trujillo, la IPS Meléndez y el Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca.
Según las estimaciones incluidas en el documento, la recuperación de estas instalaciones podría beneficiar a unos 3.300 estudiantes y permitir el restablecimiento de servicios para aproximadamente 152.000 pacientes al mes.
Sin embargo, el costo estimado de los seis proyectos asciende a cerca de $61.988 millones, una cifra superior en unos $7.400 millones al total recaudado por la fundación. El informe no precisa cómo se financiará esa diferencia.
La organización argumenta que una reconstrucción segura requiere estudios, diseños, controles técnicos y mecanismos de supervisión antes de iniciar las obras. Esa explicación permite entender por qué el dinero no se convierte automáticamente en construcciones terminadas, pero también hace necesario publicar cronogramas, avances verificables y fuentes de financiación adicionales.
¿Cuánto se ha gastado y qué información falta?
El informe señala que los recursos se encuentran en entidades financieras y que los gastos administrativos reportados ascienden a aproximadamente $11,9 millones en el balance detallado. La fundación afirma que el dinero restante continúa disponible y está sujeto a las destinaciones definidas por los aportantes.
No obstante, el documento no precisa cuánto dinero en efectivo se utilizó específicamente durante la primera fase de atención humanitaria. Tampoco ofrece un desglose completo de los aportes que componen el 19 % restante ni identifica individualmente a todos los donantes.
La fundación reporta haber coordinado la entrega de ayudas humanitarias a más de 48.000 personas en 80 municipios de ocho departamentos. También menciona la participación de voluntarios, empresas, centros de acopio y organizaciones aliadas.
Para evaluar el alcance de esa labor, sería útil contar con información desagregada sobre el valor de los bienes entregados, las cantidades distribuidas, las comunidades atendidas y los mecanismos utilizados para verificar las entregas.
Una cifra global de beneficiarios ayuda a dimensionar el esfuerzo, pero no reemplaza un balance que permita conocer qué recibió cada comunidad y cuánto costó la operación.
Las preguntas de la oposición y la exigencia de transparencia
El senador Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, cuestionó públicamente el manejo de la información y pidió explicaciones sobre las diferencias entre los montos atribuidos a distintas donaciones anunciadas durante la emergencia y la cifra reportada por la fundación.
Entre los puntos planteados están el alcance de las contribuciones anunciadas por empresas y gobiernos extranjeros y la necesidad de establecer si esos aportes fueron entregados directamente a otras organizaciones, comprometidos para fines específicos o efectivamente recibidos por la fundación.
Es importante distinguir esas categorías: una donación anunciada no necesariamente equivale a dinero ingresado a una cuenta, y un aporte destinado a un proyecto concreto no siempre puede utilizarse para otro propósito. Por eso, cualquier comparación debe identificar quién recibió cada contribución, bajo qué condiciones y si los recursos están incluidos en el balance de la fundación.
Las preguntas formuladas por la oposición no demuestran por sí solas que haya existido apropiación indebida o pérdida de dinero. Para establecerlo se necesitarían documentos, registros contables y verificaciones que sustenten esas conclusiones.
La ciudadanía necesita cifras, plazos y resultados
La fundación sostiene que trabaja en la reconstrucción y que los recursos están sujetos a controles financieros, técnicos y jurídicos. El informe representa un paso para conocer el volumen de las donaciones y los proyectos que se pretenden financiar.
Pero la transparencia no termina con publicar el total recaudado. También exige explicar qué dinero se ha ejecutado, qué obras están contratadas, cuáles son sus cronogramas, cómo se cubrirán los costos que exceden los recursos disponibles y qué mecanismos permitirán verificar los resultados.
En una emergencia que dejó a miles de familias con necesidades urgentes, las donaciones deben traducirse en ayuda comprobable y soluciones duraderas. La ciudadanía tiene derecho a pedir información clara, sin convertir las dudas en acusaciones no demostradas ni aceptar las explicaciones sin posibilidad de verificarlas.
La pregunta sigue abierta: ¿cuándo podrán las comunidades afectadas ver las obras terminadas y consultar un balance detallado que conecte cada aporte con sus resultados?
Editor: Fer Bothía | Ágora Digital – 17 oct 2026
Más de $54.000 millones en donaciones para el terremoto: las cuentas de la fundación de la primera dama dejan preguntas pendientes
