La Registraduría Nacional aparece vinculada a contratos por miles de millones de pesos con importantes medios de comunicación, entre ellos Caracol Televisión, Caracol Radio, RCN y Publicaciones Semana. Los montos reportados han puesto sobre la mesa preguntas sobre los criterios de selección, la distribución de los recursos y la transparencia de estos acuerdos.
De acuerdo con la información divulgada, varios de los contratos alcanzan cifras multimillonarias. Sin embargo, para determinar si hubo asignaciones discrecionales o irregularidades, es necesario examinar los expedientes contractuales, las modalidades de selección y las obligaciones pactadas.
Los medios que aparecen en la lista de contratos
Entre los acuerdos mencionados se encuentran los siguientes:
– Caracol Televisión: $4.000 millones.
– Caracol Radio: $4.000 millones.
– Casa Editorial El Tiempo: $3.000 millones.
– RCN Radio: $2.000 millones.
– RCN Televisión: $2.000 millones.
– Publicaciones Semana: $2.000 millones.
La relación también incluye medios públicos y regionales como Telepacífico, Teleantioquia, Telecaribe y Canal Institucional, además de otras empresas del sector de las comunicaciones.
Los valores reportados hacen necesario conocer el objeto de cada contrato, su duración, los servicios adquiridos y los mecanismos mediante los cuales se eligieron los proveedores.
¿Cómo se seleccionaron los beneficiarios?
La expresión “a dedo” plantea la posibilidad de que los contratos se hubieran entregado mediante decisiones discrecionales. No obstante, para confirmar esa afirmación se requiere revisar la documentación oficial y establecer si los procesos cumplieron las normas aplicables.
Entre los aspectos que deberían aclararse están la modalidad de contratación utilizada, los estudios previos, la justificación de los valores, los criterios de selección y los informes de ejecución. También es importante establecer si los recursos corresponden a publicidad institucional, divulgación electoral, servicios informativos u otras actividades.
Estos elementos permitirían evaluar si la contratación respondió a necesidades debidamente justificadas y si las condiciones fueron transparentes.
Transparencia y control de los recursos públicos
Cuando una entidad estatal celebra contratos por sumas elevadas, la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se utilizarán los recursos y cuáles serán los beneficios concretos para la institución.
La publicación de los contratos y sus anexos permite verificar las obligaciones de cada empresa, los pagos efectuados y los resultados obtenidos. Asimismo, facilita el seguimiento de los organismos de control y el escrutinio público sobre las decisiones administrativas.
Por ahora, las cifras divulgadas constituyen un punto de partida para examinar los acuerdos, pero no bastan por sí solas para concluir que hubo corrupción o que se incumplieron las reglas de contratación.
La Registraduría debe ofrecer información clara y verificable sobre estos contratos: ¿qué criterios determinaron la selección de los medios y cómo se garantiza que los recursos públicos se hayan utilizado de manera transparente?
Editor: Maricela Meza | Ágora Digital – 17 de octubre de 2026
