El presidente Abelardo de la Espriella se fijó una meta ambiciosa: llevar a Colombia a un crecimiento económico del 6 % anual. Para conseguirlo, su Gobierno puso en marcha la estrategia Misión Crecer, liderada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, que busca atraer inversión, reducir barreras burocráticas y ofrecer mayores garantías a las empresas.
Sin embargo, la promesa se enfrenta a un desafío considerable. Colombia no ha conseguido mantener una tasa de crecimiento del 6 % durante periodos prolongados y las proyecciones oficiales se mantienen por debajo de ese objetivo. La discusión no se limita a si la economía puede crecer más, sino a qué políticas se utilizarán, cuánto costarán y quiénes recibirán los beneficios.
La estrategia retoma herramientas que gobiernos anteriores ya habían aplicado, como incentivos a la inversión, simplificación de trámites, proyectos de infraestructura y mecanismos de estabilidad jurídica. Su principal novedad política es el acercamiento a Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, en medio de negociaciones comerciales que podrían reducir el margen de Colombia para establecer acuerdos con otros países, especialmente China.
Una meta del 6 % que todavía está lejos de las proyecciones
La Misión Crecer tiene como propósito elevar el crecimiento del producto interno bruto (PIB) hasta el 6 % anual. El Gobierno sostiene que una combinación de inversión privada, mayor productividad, reducción de trámites y coordinación entre las entidades públicas permitirá acelerar la economía.
No obstante, alcanzar esa cifra de forma sostenida requeriría un aumento importante de la inversión y de la capacidad productiva nacional. Las estimaciones del Ministerio de Hacienda citadas en el debate económico se mantienen por debajo del 3 %, una distancia significativa frente al objetivo presidencial.
El crecimiento del 6 % tampoco ha sido una constante en la historia reciente de Colombia. La economía alcanzó tasas de ese nivel en años excepcionales, asociados con bonanzas de materias primas y con la recuperación posterior a la pandemia. Mantener ese ritmo sin condiciones extraordinarias representa un reto distinto.
Por eso, el éxito de la estrategia deberá medirse con resultados verificables: crecimiento real, inversión productiva, creación de empleo formal, productividad, ingresos de los hogares y sostenibilidad de las finanzas públicas.
Inversión privada, menos trámites y beneficios empresariales
Uno de los pilares de la estrategia es reducir los obstáculos administrativos que enfrentan las empresas. El Gobierno impulsa medidas para simplificar procedimientos, facilitar el reconocimiento de certificaciones y agilizar la puesta en marcha de proyectos.
La simplificación puede reducir costos y tiempos para emprendedores e inversionistas. Sin embargo, sus resultados dependen de cómo se implementen los cambios y de si realmente mejoran la capacidad de producir, innovar y generar empleo.
Otro componente es la promoción de grandes proyectos de inversión y la creación de mecanismos que ofrezcan estabilidad jurídica a las empresas. El Gobierno también ha anunciado una cartera de iniciativas estratégicas en sectores como energía, hidrocarburos, minería e infraestructura.
La discusión aparece cuando esos incentivos implican beneficios tributarios o compromisos que limitan la capacidad de modificar las reglas en el futuro. En esos casos, el Estado debe evaluar cuánto empleo e inversión adicional obtiene a cambio de los ingresos fiscales que deja de recibir y de las obligaciones que asume.
La experiencia de programas anteriores muestra que atraer capital no garantiza por sí solo un salto sostenido en el crecimiento. Para determinar su efectividad, es necesario comprobar si las inversiones se materializan, cuánto valor agregado generan y qué efectos tienen sobre el empleo y la productividad.
Petróleo, minería y el regreso de sectores extractivos
La administración de De la Espriella busca recuperar el atractivo de sectores como los hidrocarburos y la minería, que considera fundamentales para impulsar la inversión y la entrada de capital extranjero.
En esa línea, ha anunciado cambios en decisiones ambientales y mineras del Gobierno anterior, así como una reactivación de la exploración petrolera, incluido el fracking.
Los defensores de esta orientación sostienen que Colombia necesita aprovechar sus recursos naturales para atraer inversiones, aumentar la producción y generar ingresos. Las preocupaciones se concentran en los impactos ambientales, la dependencia de las materias primas y la necesidad de transformar esos recursos en capacidades industriales y empleos de mayor valor agregado.
El desafío consiste en determinar si la expansión de estos sectores puede contribuir a diversificar la economía o si mantiene al país expuesto a las fluctuaciones internacionales de los precios del petróleo y los minerales.
El acercamiento a Trump podría condicionar la política comercial colombiana
El componente más particular de la estrategia es la relación con Estados Unidos. El Gobierno colombiano busca atraer inversión estadounidense y negocia un acuerdo comercial de tipo recíproco con la administración de Donald Trump.
Estos acuerdos forman parte de la política comercial impulsada por Washington y pueden incluir compromisos sobre aranceles, controles de exportación y restricciones relacionadas con terceros países.
En algunos acuerdos de este tipo, Estados Unidos ha incorporado condiciones que pueden limitar la capacidad de sus socios para firmar determinados pactos comerciales con países que Washington considera adversarios estratégicos. China es especialmente relevante para Colombia porque tiene un papel importante en el suministro de productos importados.
Una mayor relación económica con Estados Unidos podría abrir oportunidades para algunos sectores colombianos. Sin embargo, también obliga a examinar las condiciones del acuerdo, sus posibles costos y el margen que conservaría Colombia para diversificar sus relaciones comerciales.
La pregunta central es si las concesiones que eventualmente se acepten producirán beneficios suficientes para justificar las restricciones. Hasta que se conozcan los términos definitivos, no es posible establecer el impacto total del acuerdo sobre los distintos sectores de la economía.
¿Crecer más significa mejorar la vida de la mayoría?
Una tasa de crecimiento elevada puede ampliar la actividad económica, aumentar los ingresos fiscales y abrir oportunidades de empleo. Pero el resultado para los hogares depende de cómo se distribuyan los beneficios, de la calidad de los puestos de trabajo y de los efectos sobre el costo de vida.
Por eso, la meta del 6 % no debería evaluarse únicamente por el tamaño del PIB. También será necesario observar si aumenta el empleo formal, mejoran los salarios reales, se reduce la pobreza y se fortalece la capacidad de las empresas nacionales para competir.
La estrategia del Gobierno apuesta por la inversión privada y por una mayor integración económica con Estados Unidos. Sus resultados dependerán de la ejecución de las medidas, de la llegada efectiva de capital y de que los incentivos produzcan beneficios económicos superiores a sus costos.
De la Espriella ha puesto sobre la mesa una promesa ambiciosa. Ahora tendrá que demostrar que las herramientas elegidas pueden superar los resultados de experiencias anteriores y que el crecimiento anunciado se traducirá en oportunidades concretas para la población colombiana.
Editor: Fer Bothía | Ágora Digital – 17 oct 2026
