De la Espriella impone su “contrarrevolución cultural” y retiran más de 30 piezas del Museo Nacional
La llamada “contrarrevolución cultural” del presidente Abelardo de la Espriella ya tiene una imagen concreta: paredes con espacios vacíos y más de 30 piezas retiradas del Museo Nacional de Colombia. Afiches, fotografías y objetos relacionados con la diversidad sexual, el feminismo, las víctimas de la violencia política y el Acuerdo de Paz de 2016 desaparecieron de varias salas de la institución en Bogotá.
El retiro se produjo el jueves 15 de octubre, el mismo día en que el mandatario visitó el Ministerio de Cultura y anunció una transformación de la política cultural del Gobierno. De la Espriella ordenó retirar de espacios públicos las imágenes alusivas a Carlos Pizarro, antiguo comandante del M-19, a quien calificó, junto con otras figuras de esa organización, como terrorista.
Sin embargo, la intervención en el Museo Nacional no se limitó a los afiches del excomandante guerrillero. Según un recorrido documentado por la prensa, fueron desmontadas al menos 30 piezas distribuidas en tres salas, con contenidos que abordaban diferentes episodios de la historia política y social colombiana.
La decisión abre un debate que va más allá de una figura histórica: ¿se está revisando la manera de presentar el pasado o se está retirando del espacio público una parte de la memoria que incomoda al nuevo Gobierno?
Las piezas retiradas no hablaban únicamente del M-19
Entre los elementos desmontados había materiales relacionados con la historia de la población LGBTIQ+, los movimientos feministas, los derechos reproductivos y las movilizaciones por la igualdad. También se retiraron fotografías y objetos vinculados con la Unión Patriótica, el periodo que siguió a la Constitución de 1991 y el proceso de paz firmado en 2016 con las antiguas FARC.
En la sala dedicada a la construcción de sociedad se encontraban, entre otros elementos, una bandera del orgullo gay perteneciente a la activista Elizabeth Castillo, materiales de una campaña de la marcha LGBTI de 2006 y una publicación relacionada con los derechos reproductivos. También fueron retirados objetos vinculados con la historia de activistas que impulsaron la defensa de los derechos de esta población.
En otras áreas desaparecieron los afiches de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato presidencial de la Unión Patriótica asesinado en 1990, y de Carlos Pizarro, quien fue asesinado ese mismo año después de dejar las armas y participar en la política electoral.
También se retiraron objetos vinculados con la Séptima Papeleta, movimiento ciudadano que impulsó la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, y el llamado balígrafo, elaborado a partir de una bala y utilizado en la firma del Acuerdo de Paz de 2016.
La amplitud de los elementos retirados plantea una cuestión central: aunque el Gobierno cuestiona la manera en que se representan las antiguas guerrillas, las piezas desmontadas también abordaban procesos sociales, víctimas, derechos civiles y acontecimientos fundamentales para entender la Colombia contemporánea.
De la denuncia de un concejal a la orden presidencial
La controversia comenzó después de que el concejal de Bogotá Andrés Barrios cuestionara la presencia de imágenes y contenidos relacionados con Carlos Pizarro en el Museo Nacional. El cabildante sostuvo que la exposición presentaba a las guerrillas desde una perspectiva que, a su juicio, justificaba su crecimiento y relegaba a sus víctimas.
De la Espriella acogió el reclamo y pidió a la ministra de Cultura, Paola Holguín, retirar de espacios públicos las representaciones que considera una exaltación del terrorismo.
Durante su visita al ministerio, el presidente defendió lo que denominó una “contrarrevolución cultural”, orientada a recuperar los valores tradicionales y a combatir lo que identifica como una influencia ideológica contraria a la identidad nacional. También anunció que la cartera volverá a llamarse Ministerio de Cultura y Patrimonio.
El Ejecutivo sostiene que las instituciones públicas no deben presentar a responsables de la violencia como héroes ni utilizar la cultura para justificar el terrorismo. Esa postura constituye el argumento oficial para intervenir en la manera en que se presentan determinados episodios de la historia.
No obstante, la discusión es si esa justificación permite retirar de manera generalizada piezas que no se limitan a exaltar a una organización armada, sino que documentan movimientos sociales, víctimas, derechos civiles y procesos políticos.
¿Revisión histórica o borrado de memoria?
Un museo público no está obligado a glorificar a los actores que exhibe. Tiene la responsabilidad de contextualizar sus actuaciones, explicar los crímenes cometidos y dar espacio a las víctimas. Pero también debe preservar la complejidad histórica, incluso cuando los hechos y personajes expuestos resultan incómodos para quienes gobiernan.
La diferencia entre contextualizar una exposición y retirar piezas es relevante. Una revisión curatorial puede incorporar información adicional, testimonios de víctimas y explicaciones sobre la violencia. El retiro de objetos, en cambio, exige claridad sobre los criterios utilizados, la participación de los equipos especializados y el destino de los materiales desmontados.
En este caso, los reportes sobre el retiro de más de 30 piezas generaron preguntas sobre el procedimiento seguido y sobre la participación de los equipos curatoriales del museo. Hasta la publicación de las primeras investigaciones periodísticas, no se había divulgado una explicación detallada del criterio aplicado a todos los elementos retirados ni se había confirmado públicamente el destino definitivo de cada uno.
Por eso, la controversia no puede reducirse a una disputa entre quienes defienden a las antiguas guerrillas y quienes defienden a sus víctimas. La memoria histórica también incluye el asesinato de dirigentes políticos, la persecución de movimientos sociales, la lucha por los derechos civiles, la apertura democrática y los intentos de terminar el conflicto armado.
La cultura entra en el centro de la confrontación política
La decisión coincide con el anuncio de una transformación ideológica en la política cultural del Gobierno. De la Espriella ha cuestionado el lenguaje inclusivo, criticado lo que denomina “wokismo” y defendido un enfoque centrado en la tradición y el patrimonio nacional.
Sus partidarios pueden interpretar estas medidas como una corrección de exposiciones que, consideran, presentan de manera indulgente a organizaciones responsables de violencia. Sus críticos, por el contrario, advierten que retirar piezas sobre diversidad, feminismo, víctimas y acuerdos de paz puede reducir la pluralidad de relatos que una institución pública tiene el deber de preservar.
La discusión debe resolverse con información transparente: qué piezas fueron retiradas, quién tomó cada decisión, cuáles fueron los criterios técnicos y curatoriales, dónde se conservarán los objetos y si existe un plan para volver a exhibirlos con una contextualización más amplia.
Lo que está en juego no es solamente la presencia de Carlos Pizarro en una pared. Es el poder del Gobierno para decidir cómo se cuenta la historia nacional y los límites que deben existir para que un cambio de administración no convierta los museos públicos en instrumentos de una sola visión política.
Editor: Fer Bothía | Ágora Digital – 16 oct 2026
